Los presos: los olvidados de la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19

La estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19, implementada por el Gobierno Federal, ha sido objeto de distintas críticas. Desde la falta de vacunas hasta la controvertida decisión de inmunizar antes que a muchos miembros del personal de salud a docentes de Campeche que no se encuentran dando clases, así como a los llamados Servidores de la Nación, quienes son operadores de los programas sociales del Gobierno Federal, que no atienden ni realizan labores en los centros de atención médica.

Recientemente, también ha sido cuestionada la decisión del Gobierno Federal de comenzar la vacunación de adultos mayores en zonas rurales, en las que sólo se presenta 1 de cada 10 casos de COVID-19, en perjuicio de las zonas urbanas, que concentran el 90 por ciento de contagios registrados.

Sin embargo, existe un grupo poblacional del que nadie está hablando y que ha resentido gravemente las consecuencias de la pandemia: los presos.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en México hay 215 mil 232 personas privadas de su libertad, 6 mil 430 de ellos, en Veracruz. El 52.7 por ciento de ellos permanecen en prisión sin haber sido sentenciados.

Para una persona privada de su libertad es imposible mantener la sana distancia adentro de los centros de reclusión. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 46 por ciento de los presos comparten celda con más de 5 personas, 12.5 por ciento comparte incluso su cama.

En su informe sobre medidas adoptadas dentro de las prisiones para la atención de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la CNDH identificó riesgos para los reclusos como “el hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles y falta de acceso a insumos necesarios y servicios médicos para garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud”.



De acuerdo con el informe, el 22.4 por ciento de los presos no cuenta con atención médica en su Centro de Reclusión; el 30.6 ni siquiera con medicamentos básicos. Asimismo, en el 63 por ciento de las cárceles se identificaron deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene.

El reporte de la CNDH también refiere que hasta el 16 de febrero del 2021, 3 mil 268 personas privadas de la libertad habían sido contagiadas por COVID-19, 250 de ellas perdieron la vida, 28 en cárceles veracruzanas.

Según la información, Veracruz cuenta con el índice de letalidad más alto por COVID-19 entre la población privada de su libertad, pues el 63.6 por ciento de los presos que contrajeron la enfermedad perdieron la vida. En contraste, el índice de letalidad por COVID-19 en México entre la población general, que es el más alto del mundo, es de 8.7 muertes por cada 100 contagios, es decir, 7 veces menor.



Como se ve, las condiciones de hacinamiento, falta de higiene y de atención médica en los centros de reclusión, hacen que un contagio en su interior pueda tener consecuencias funestas para toda la población penitenciaria. Por eso, en marzo de 2020, las autoridades de Veracruz decidieron suspender las visitas familiares a los internos, como una medida extrema para prevenir los contagios.

Si bien dicha medida puede estar justificada, los presos en Veracruz cumplirán, el próximo mes de marzo, un año sin ver a sus seres queridos.

A pesar de las circunstancias especiales de vulnerabilidad en que se encuentran frente a la pandemia, nadie habla de ellos como grupo prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades han decidido primero inmunizar a operadores de programas sociales que no tienen participación en la atención de la pandemia. También a docentes que no se encuentran dando clases. Tampoco la sociedad civil se ha manifestado al respecto.



Los presos son los olvidados por la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Están privados de su libertad por orden judicial. Olvidarlos, es despojarlos también de su humanidad.

Afortunadamente, no han sido olvidados por todos. Por ejemplo, el pasado 14 de febrero pudo verse a decenas de parejas de presos que, ante la imposibilidad de visitar a sus seres queridos, colocaron regalos, comida y mensajes en la entrada del Penal de Pacho Viejo, Veracruz.