Mantiene ORFIS 111 procesos de investigación por daño patrimonial en Cuenta Pública 2017

Hasta el momento, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha elaborado 9 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y mantienen abiertos 111 procesos de investigación por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2017.

De acuerdo al Informe de Seguimiento al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, los 111 procesos de investigación están abiertos en 6 entes estatales, en 104 Ayuntamientos y en 1 entidad paramunicipal.

El auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dijo que la fase de investigación por un presunto daño patrimonial de 1 mil 461.4 millones de pesos en la Cuenta Pública 2017, se inició en 16 entes del Poder Ejecutivo, en 111 municipios y en 2 entidades paramunicipales.



Lo anterior lo dio a conocer durante su participación en la “Jornada de Capacitación Regional Sobre Auditoría y la Ley General de Responsabilidades Administrativas” que se desarrolló en Villahermosa, Tabasco, en dónde estuvo presente Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación.

Expuso que hasta ahora, el avance refleja que 9 procesos de investigación ya fueron cerrados al quedar solventado el daño patrimonial; mientras que 111 procesos de investigación siguen abiertos.

En ese sentido, expuso que la autoridad investigadora del ORFIS está llevando a cabo el análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.



Añadió que si no se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar.

Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

Agregó que el ORFIS se encuentra dentro del plazo legal para determinar la existencia de daños y perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los Entes Fiscalizables, que deriven de las faltas administrativas, por lo que una vez concluido el proceso, se informará al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia.