MAYL opina que sistema de justicia penal es “permisivo” con delincuentes; pide revisión

Luego de dar a conocer que un Juez de Control de Veracruz, dictó prisión preventiva a los 10 presuntos involucrados en el asesinato de los policías federales Camilo Juan Castagné y Rigoberto Peña, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, llamó al Congreso de la Unión para que se hagan modificaciones al nuevo sistema de justicia penal.

Afirmó que toda la noche estuvo pendiente de la audiencia en donde el Juez Federal, determinó la no vinculación a proceso de los detenidos en el estado de Puebla.

“Por un Juez de Control se consideró legal la detención de estas personas, el Juez de Control determinó la prisión preventiva de dos años, cuando menos. No es la pena de prisión, es prisión preventiva, mientras se lleva a cabo el proceso”, aclaró.



Abundó que los 10 detenidos están en prisión y seguramente les será aplicada la ley, por lo que consideró “urgente” revisar el nuevo sistema de justicia penal, porque no puede ser que una banda delictiva como la que privó de la vida a los policías federales y de los que se tienen suficientes elementos para acreditar su participación en los sucesos ocurridos en Cardel, municipio de La Antigua y otros hechos delictivos; no hayan sido sometidos a proceso por un Juez Federal.

Opinó que los jueces federales tienen que aplicar la ley y tienen que ser sensibles también ante hechos delictivos como el asesinato de los mandos policiacos y que según el Mandatario, quedaron acreditados de muchas maneras.

Presumió que a partir de una muy “eficaz” colaboración con la Policía Federa,l fue posible detener a la banda delictiva en el estado de Puebla, misma que venía lastimando a la sociedad veracruzana y dañó a los veracruzanos, pero que fue liberada por un Juez Federal.



“Hoy desde Orizaba, pido al Congreso de la Unión, a los senadores y diputados federales que de inmediato inicien un proceso de revisión de este nuevo Sistema de Justicia Penal, permisivo con los delincuentes”, expresó.

El Gobernador dijo que en Veracruz han tomado la decisión de aplicar mano dura a los delincuentes, pues eso es lo que se merecen y es lo que está haciendo su administración.

De manera concreta, su propuesta para "mejorar" el sistema de justicia sería modificar el catálogo de delitos graves, porque no es posible que la posesión, que el acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y fuerzas armadas en general, no sea delito grave y una persona a la que se le sorprende con un arsenal, pueda cursar su proceso en libertad.

Consideró que eso es inconcebible en nuestro país, en donde se ha tenido en las últimas semanas una "oleada" de violencia en la cual están presentes los delitos cometidos con arma de fuego. Además, sostuvo que de igual manera es inaceptable que el robo de combustible, que ha generado un problema de violencia grave en la entidad y en el país, no se considere como delito grave.



A esta lista también añadió que las interpretaciones judiciales favorezcan a los delincuentes y dijo que está de acuerdo en respetar los derechos humanos, las garantías individuales, pero los primeros derechos que se tienen que respetar son los de los ciudadanos de bien, los de quienes actúan conforme a la ley y que piden seguridad.

Dijo que no está de acuerdo con interpretaciones favorables a delincuentes, como los detenidos en Puebla y de quines hay muchos elementos para mantenerlos en prisión.

En otro tema, garantizó que no existe ningún riesgo de que en cuanto pise suelo mexicano, el exgobernador Javier Duarte, vaya a salir libre.



Presumió que conoce los procesos judiciales a los que está sometido Duarte de Ochoa, tanto los federales como los del fuero común y en ningún caso podría obtener su libertad.

"La certeza la da la propia ley, no son delitos que permitan la libertad provisional mientras se cursa el proceso. Son delitos graves que están tipificados así por la propia Constitución y no admiten la posibilidad de libertad como en otros casos", indicó.