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Seccin: Estado de Veracruz

Médicos no “traicionan a la patria” si jueces los amparan para no atender COVID

- Críticas del Secretario de Salud de Veracruz contra médicos no tienen contexto ni respaldo jurídico: Abogado
- 25% de fallecidos por COVID en la entidad son trabajadores de la Salud
- Llamarles “traidores” discrimina y les causaría problemas, dice Gabriel Andrés Cámpoli

Jos Topete Xalapa, Ver. 08/12/2020

alcalorpolitico.com



Si fuese “traición a la patria” que médicos y enfermeras haya tramitado amparos para no trabajar durante la pandemia debido a las carencias de equipo y el riesgo que ello representa, ningún Juez hubiese concedido la protección federal a los trabajadores.
 
Esto lo afirmó el doctor en Derecho, Gabriel Andrés Cámpoli, del despacho jurídico Cámpoli & Asociados.
 
Al abordar el tema “El amparo y la traición a la patria”, durante el programa DefiendeTV, de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, señaló que aunque respeta las opiniones de cada persona, decir que alguien es traidor a la patria es acusarlo de un delito que está establecido en el Código Penal.
 
Cabe recordar que durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, criticó a los trabajadores que emprendieron estos juicios y los calificó como “traidores a la patria”.
 
“Los jueces federales hubiesen dicho: a ver, esto que están haciendo estos señores es un delito y por lo tanto, no les voy a dar un amparo, ni les voy a dar una suspensión. Me parece una definición fuera del contexto jurídico y sin ningún respaldo jurídico”, expresó el especialista en Derecho Penal y Sistema Acusatorio. 
 
El jurista expuso que el delito de traición a la patria se define como el traicionarla con un Gobierno extranjero y marcado por entregar información, proteger espías, entre otras circunstancias que no tienen nada que ver con la pandemia del Coronavirus.
 
Añadió que dicho adjetivo pudiera considerarse discriminatorio, porque no se le define así a cualquier otro empleado que busca la protección federal. 
 
Recordó que el Artículo Primero Constitucional otorga la igualdad de derechos y el Cuarto, el derecho a la salud y la vida, por lo que no entiende por qué deba obligarse a un trabajador a desempeñar sus funciones en la contingencia de COVID-19 si se trata de mujeres embarazadas o de personas con padecimientos como VIH o diabetes, cuyo riesgo de muerte frente al SARS-CoV2 es fatal.
 
25% de fallecidos en Veracruz era personal de Salud 
 
Gabriel Andrés Cámpoli afirmó que al analizar las estadísticas de fallecimientos por COVID-19 en Veracruz, el 25% correspondía a personal de salud, es decir, cerca de mil 500 empleados.
 
“Al principio de la pandemia tuvimos que hacer varios amparos para que se les entregara a médicos y enfermeros que no estaban exigiendo un resguardo domicilio, el equipo de protección personal porque no se les estaba entregando. En un lenguaje coloquial: los estaban mandando a la guerra sin fusil”, enfatizó.
 
En estos casos, agregó que las solicitudes de protección fueron colectivas, no así en los casos de resguardo domiciliario porque el juez tenía que analizar cada caso de manera individual y ver el grado de vulnerabilidad de la persona frente al COVID-19.
 
Añadió que en otros recursos se trató de personal que, aunque era positivo a dicho virus y no habían cumplido con la cuarentena obligatoria, se les estaba obligando a regresar a trabajar. 
 
“Hay gente que se sigue amparando y siguen surgiendo casos”, puntualizó al explicar que los amparos son recursos jurídicos a los que los ciudadanos pueden acceder cuando se están violando sus derechos humanos más básicos, en este caso, el de la salud.
 
El maestro en Propiedad Intelectual en la Sociedad de la Información por la Universidad de Castilla-La Mancha denunció que al inicio de la pandemia, algunos empleados incluso fueron amenazados con ser despedidos una vez que concluyeran los juicios. 
 
Calificativo generaría roces y enemistades
 
Andrés Cámpoli dijo que señalar de traidores a la patria a quienes obtuvieron la suspensión o el amparo puede generar un ambiente de enemistad entre los trabajadores sanitarios, porque se acusarían mutuamente de esto, lo que afectaría la atención de los enfermos de Coronavirus.
 
“Si el jefe máximo, que vendría siendo el Secretario de Salud, califica a mis propios compañeros con algo tan serio como traidor a la patria, lo que puede ocurrir es que haya gente también del Sector Salud que empiece a decirles traidores a la patria o por lo menos al sistema. Las personas que están amparadas que no compartan esa visión, obviamente se van a molestar y eso va a generar roces muy fuertes entre las personas”, opinó.
 
Aseguró que incluso al pedir el resguardo domiciliario, el personal fue tratado con groserías o con adjetivos como “cobarde”, derivando en un clima de confrontación. Agregarle ahora el calificativo de “traidor a la patria” podría aumentar el ambiente hostil.
 
Falta de protocolos podría ser delito
 
El abogado también comentó que tiene conocimiento de que en algunas unidades de salud no han aplicado adecuadamente los protocolos para atender la emergencia por COVID-19, lo que por sí mismo pudiera significar un delito, el del incumpliendo de un deber por parte un funcionario público o un particular. 
 
No obstante, expresó que él no ha trabajado algún caso en el que se exponga esta situación y carece de pruebas para hacerlo pero recomendó a quien las tenga que presente la denuncia para ver cómo se procede judicialmente.
 
Dijo que sí ha tramitado acciones contra directivos de hospitales o jefes de áreas en los nosocomios ante órganos jurisdiccionales e internos de control. 
 
Amparos contra aplicación forzosa de vacuna 
 
El Director General del despacho jurídico Cámpoli & Asociados adelantó que hay personal de Salud que ahora está pensando buscar la protección federal contra la aplicación forzosa de la vacuna anti COVID-19, pues legalmente no se le puede obligar a dejar que se la suministren de dicha manera. 
 
Recordó que en algunos casos, las vacunas siguen en fase de pruebas clínicas y no se conocen completamente los efectos secundarios que podrían tener, aunque se sabe que algunos tienen consecuencias adversas.
 
“Todavía sigue siendo un riesgo, todo mundo dice que ya está la vacuna pero ¿analizaron lo que puede producir la vacuna? Sabemos por reportes médicos de otros países que produce mínimos efectos neurológicos en muchos pacientes (…) el riesgo de la vacuna todavía es muy alto, se ha medio probado pero eso no quiere decir que sea inocua o que no haya riesgos”.
 
Reiteró que la relevancia de los amparos es que los trabajadores sanitarios están defendiendo su existencia y la de sus familiares, de ahí que aunque sea cierta la amenaza de los despidos y pierdan sus trabajos, más adelante podrían conseguir otro pero su vida y la de seres queridos no se puede recuperar. 
 
Por otro lado, señaló que si bien este recurso jurídico lo puede presentar el agraviado sin la necesidad de un abogado, sí se requiere de un especialista en el Derecho que le ayude a fundamentarlo bien para que el juez proceda a otorgarle la protección federal.
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