Minería evidencia urgente replanteamiento de la evaluación ambiental: especialista

Después de 30 años de haberse creado e implementado el instrumento de política ambiental llamado “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA), es urgente su replanteamiento, pues “se han ideado infinidad de formas de burlar su marco normativo, no solo de los desarrolladores, sino peor aún, de los propios responsables de hacer cumplir su obligatoriedad”, advirtió el especialista Alejandro González Sánchez.

Como promotor de lo que será un Observatorio Ambiental en Veracruz, González Sánchez expuso lo anterior luego de plantearle el tema de las concesiones mineras recién otorgadas por el Gobierno Federal en territorio veracruzano, a lo que dijo preguntando: “¿qué pasaría si en esos sitios específicos donde fueron otorgadas las concesiones, previamente existiese un Programa de Ordenamiento Ecológico (POE) o un Decreto de Área Natural Protegida (ANP) elaborados y decretados con toda la rigurosidad técnica y jurídica que ameritan, donde la minería estuviese estrictamente prohibida?, simple y sencillamente no podrían establecerse esos desarrollos mineros”.

Nuevamente volvió a preguntar: pero ¿qué es lo que sucede?, POE´s y ANP´s por lo menos en Veracruz, están siendo elaborados teniendo como base otros programas ya obsoletos, rebasados en el tiempo y el espacio donde pretenden aplicarse, o peor aún han sido elaborados desde un escritorio con un mínimo o nulo trabajo de campo, sin conocer lo sitios que en verdad requieren una política de protección o en contraposición, de desarrollo”.



El especialista en temas ambientales expuso también: “pensar que las autorizaciones emitidas por la SEMARNAT son del todo vinculantes hacia las políticas de los gobiernos locales, es un error y a la vez una salida de estos gobiernos para de esa forma no intervenir, pues la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) considera en el segundo párrafo de su Artículo 33, lo siguiente: La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias”.
Por ende, puntualizó González Sánchez: “La autorización de impacto ambiental, no es la única, e incluso la propia legislación señala que antes de ésta, se deben obtener otras como la de uso de suelo”.

Para abundar en su explicación, este especialista que promueve la creación de un Observatorio Ambiental en Veracruz, se volvió a preguntar: “¿por qué razón en otras regiones del país, las mismas cadenas de desarrolladores invierten en materia ambiental en sus proyectos y en Veracruz no lo hacen, acaso porque aquí, en el mejor de los casos, solo se les obliga a cumplir con el requisito administrativo donde implique la menor inversión ambiental posible, o será que aquí el equipo técnico de la administración pública en la materia no tiene los conocimientos suficientes para ser innovadores y así poder exigir inversión ambiental a los desarrolladores, o simplemente no tienen la intención de obligar a ello?.

Expuso a modo de conclusión, que “la Evaluación del Impacto Ambiental se ha convertido en el botín de un grupo de técnicos que con el paso del tiempo se han vuelto expertos, en hacer creer a los titulares de las diversas áreas ambientales del gobierno, que esta materia es extremadamente complicada y por ello deben permanecer en sus puestos, para así, que no se genere un “caos en la administración ambiental”, esta situación que ha prevalecido por años, lo que en verdad ha generado es una mafia por la ignorancia o complacencia de los titulares, este grupo son en verdad los que deciden qué pasa y qué no; es la viva imagen de un tráfico de influencias”.