Ministerios Públicos abusan de la figura de “testigo protegido”: Diputada PRD

La diputada perredista Aleida Alavez Ruiz reveló que la figura de “testigo protegido” propicia la violación de Derechos Humanos, el enjuiciamiento de miles de inocentes, la usurpación de funciones por parte del Ministerio Público y contradicciones en la misma Carta Magna y con otras leyes.

La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados argumentó que la autoridad facultada para beneficiar a testigos delincuentes, inculpados, procesados o sentenciados es la autoridad judicial; sin embargo, quien ha negociado tales beneficios con los delincuentes ha sido la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público.

Explicó que es la autoridad judicial, la única que debe imponer o absolver penas. “El juez puede imponer o dejar de imponer y graduar, las sanciones penales inscritas en la ley, no el Ministerio Público, quien sin embargo, para facilitarse la tarea y ahorrarse esfuerzos, negocia con delincuentes la reducción de penas a cambio de sus delaciones o imputaciones a otros reales o supuestos integrantes de la delincuencia organizada”.



Ante esto, presentó una iniciativa para derogar la figura. “El MP se desentiende de su obligación de investigar en materia de delincuencia organizada, acepta su incapacidad para ello y adopta la actitud cómoda y la falsa salida de legitimar testigos que aprovechan la oportunidad de beneficiarse aunque ello signifique manipular la verdad”.

Precisó que la figura del testigo, inculpado, procesado o sentenciado que la Constitución permite en el mencionado artículo, previa obtención de un beneficio negociado para el delator, es un instrumento que se usa no para procurar justicia, sino para cobro de cuentas pendientes.

De este modo, dijo, dicha figura jurídica sólo ha propiciado violación de derechos humanos de miles de detenidos, muchos de los cuales sin responsabilidad en delito alguno.



Consideró plenamente procedente su derogación y así se lo propuso al Congreso de la Unión, cuya Comisión Permanente turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis, dictaminación y, en su caso, remisión al Constituyente Permanente para su aprobación