Ministra prefiere callar ante constantes tropiezos del Congreso de Veracruz

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se negó a responder si es de llamar la atención que el Congreso de Veracruz haya tenido tantos reveses legislativos como el actual, donde más de 25 leyes, reformas o iniciativas han sido impugnadas y echadas abajo por el máximo tribunal.

En entrevista al término de la presentación del juicio en línea del Tribunal Electoral de Justicia Administrativa (TEJAV), la ministra dijo que son respetuosos del proceder de los Congresos de los Estados, incluyendo el de Veracruz.

Sin embargo, aclaró que la Suprema Corte de Justicia no puede entrar de oficio a fiscalizar el trabajo que se ha hecho desde la legislatura saliente, encabezada por MORENA, sino que debe ser un actor político legitimado.



Cabe recordar que son al menos 27 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales las que se han promovido contra el actual Congreso, que han derivado en sentencias que echan abajo lo legislado por la mayoría.

Al respecto, afirmó que los Congresos trabajan de acuerdo con las facultades que tienen “y nosotros somos muy respetuosos de las leyes que emiten todos los Congresos locales”.

“Cuando estas leyes son impugnadas por algún actor político legitimado para impugnarlas, es cuando la Corte entra a analizar el fondo del asunto revisando la constitucionalidad de esa ley”, dijo.



Cuestionada sobre si hay incapacidad de esta legislatura para interpretar la ley, la ministra prefirió no opinar argumentando que debía retirarse del recinto.

Por otro lado, recordó que en torno al aborto, la determinación de la SCJN consistió en invalidar un artículo del Código Penal del estado de Coahuila que obliga a todos los jueces y magistrados que sean parte de un proceso penal por este delito a dejar en libertad a las mujeres que se lo hayan realizado.

Dicha obligatoriedad, refirió, no opera para las autoridades administrativas, por lo que sólo aquellas personas que estén con procesos penales como consecuencia de la interrupción del embarazo y que sus códigos penales sancionan a la mujer, tienen que ser puestas en libertad.



Sostuvo que en el caso de los Congresos y autoridades estatales, esta sentencia aunque no es obligatoria, sí debe ser un parteaguas para alinear las políticas públicas y leyes para no criminalizar a las mujeres por interrumpir el embarazo.