Con una inversión total de 9 millones 796 mil 280 pesos, se modernizará el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Veracruz.
A través de un convenio de coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y el Gobierno del Estado, se busca que la función registral y catastral sean más eficientes, eficaces y garanticen la actualización de la información sobre inmuebles, vinculando la información que se genera en ambas instituciones, que permita interoperar e interconectar dicha información en forma sistemática y permanente a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral.
Del total de los recursos, la SEDATU aportará 5 millones 880 mil pesos y la aportación del Gobierno del Estado será de 3 millones 916 mil 280 pesos.
Con las acciones que se ejecutarán se contribuye a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, a fin de que el Registro Público de la Propiedad y Catastro sea una institución que garantice la certeza jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles y que coadyuven con las instancias competentes, en el fomento del mercado inmobiliario y la competitividad económica.
La modernización será para mejorar su eficiencia y eficacia con estructuras jurídicas, técnicas y operativas apegadas a los estándares de modernización establecidos en los modelos institucionales; mediante la aplicación ordenada y transparente de los recursos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.
Asimismo, coadyuvará a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones de las autoridades competentes, así como a promover y fomentar la integración, modernización, actualización y vinculación permanente del registro de la propiedad rural, del catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los municipios y de los registros públicos de la propiedad.
Por lo que se tiene la responsabilidad de responsabilidad de instrumentar programas, estrategias, lineamientos y normas técnicas que contribuyan a garantizar la seguridad jurídica de los derechos registrados; así como coordinar y dar seguimiento a los proyectos para la modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros, en coordinación con las entidades federativas y municipios.