Multa, inhabilitación, denuncia ante el MP: sanciones que aplicará el ORFIS por daño

Una multa, una inhabilitación para ejercer cargos públicos y/o una denuncia penal ante el Ministerio Público (independientemente de las que ya se han presentado de manera inmediata, por instrucción del Congreso del Estado), son las sanciones que aplicará el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a los servidores y exservidores públicos estatales y municipales que no solventan el daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2016.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del ente fiscalizador manifestó que los entes observados ya fueron notificados sobre el inicio de la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, que se desarrolla del 6 al 19 de este mes, en donde podrán presentar pruebas y alegatos.

Esa fase consiste en recuperar los montos desviados por los responsables del presunto daño patrimonial.



Una vez que concluya esa fase, el ORFIS tendrá 45 días hábiles para emitir la resolución; aunque los entes fiscalizables tienen el derecho de interponer un recurso de revisión o de reconsideración.

Durante su mensaje semanal, Portilla Vásquez reitero que en la fase de determinación de responsabilidades, el ORFIS lleva a cabo el acto de pruebas y alegatos; posterior a ello y de ser necesario, establece las multas y sanciones, que de acuerdo a la Ley, deberán recibir los responsables de haber causado daño al patrimonio de los veracruzanos.

El auditor dio a conocer que en la página electrónica del ORFIS ya está disponible la versión ciudadana del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2016.



“En este documento, los interesados encontrarán respuesta a muchas de las preguntas que se hacen sobre el ORFIS y su función principal, que es la fiscalización superior”.

Se describe la Cuenta Pública como el documento por medio del cual los entes fiscalizables tienen el deber y la obligación de explicar cómo y en qué gastaron los recursos públicos que les fueron asignados en un Ejercicio Fiscal, que comprende del primero de enero al 31 de diciembre de cada año.

“Al consultar esta versión ciudadana del Informe de Resultado, los interesados podrán conocer a quién se fiscalizó, qué recursos se fiscalizaron, qué porcentaje de los recursos se revisó, cuántas auditorías se practicaron, qué auditorías sobre el desempeño se realizaron, qué auditorías de legalidad se hicieron, qué resultados se obtuvieron, qué irregularidades e inconsistencias se detectaron, a qué conclusión se llegó y, por último, cuál es el estado que guarda la deuda pública”.