Niegan a extitular de Finanzas que PGR atraiga su caso por presuntos desvíos

El extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Mauricio Martín “N”, pretendía que el Poder Judicial del Estado (PJE) se declarara incompetente de su caso; argumentando que los hechos de los que se le acusan versan sobre recursos federales y por lo tanto es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) la instancia facultada para proceder en la fiscalización y posibles sanciones en caso de hallarse irregularidades, pero su petición le fue negada por la Jueza de Control, en audiencia intermedia.

La defensa del vinculado a proceso refirió que los 220 millones de pesos, por los que se le imputaron los delitos de peculado, coalición, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y abuso de autoridad y que fueron transferidos de la SEFIPLAN a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) provienen de la Federación; por lo tanto, las instancias procuradoras de justicia locales deberían dejar de conocer el caso.

La defensa del extitular de la SEFIPLAN pretendía convencer a la jueza de que la Ley de Responsabilidad Hacendaria establece que las dependencias federales pueden entregar recursos y pese a que se entregan a entidades federativas, los fondos no pierden su carácter original.

“El ORFIS no tiene facultad para fiscalizar recursos federales; lo que debió hacer es avisar, para que en caso de existir alguna irregularidad se impusiera del asunto”, sentenció el abogado.

No obstante que emitió su discurso en repetidas ocasiones, la Fiscalía General del Estado no desaprovechó para argumentar que la Auditoría Superior de la Federación estableció un convenio en el que se definió que al otorgársele los recursos también se le transfirió la responsabilidad de la vigilancia y manejo a la entidad fiscalizadora local, es decir el ORFIS; por lo tanto, ésta cuenta con todas las atribuciones para proceder legalmente.

De tal manera que al no atraerse el caso por la ASF se descarta que cambie también la instancia procuradora, que en este caso corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que continúa siendo la Fiscalía General del Estado la que siga conociendo de este proceso penal, dado el convenio de colaboración de los entes fiscalizadores federal y estatal.