No hay omisión con laudos, aclara Tribunal de Conciliación y Arbitraje a Diputada

Desde el 2010 a la fecha, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tienen más de mil 500 expedientes por demandas laborales en ayuntamientos y en la administración pública estatal; y su monto a pagar supera los mil 700 millones de pesos.

La magistrada del Tribunal, Concepción Flores Zaviaga, reconoció que en algunos ayuntamientos se han dejado pasar muchos años y ahora los montos a pagar superan el total de sus presupuestos anuales.

Negó que los magistrados de ese Tribunal tengan responsabilidad por acción y omisión al no haber sentencias ejecutorias, como lo señaló la diputada local Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.



En ese sentido, aseveró que tal vez la legisladora perredista no conoce lo que implica un procedimiento de ejecución, ya que los magistrados no actúan por interés personal, sino por el interés público.

Incluso, explicó, en muchas ocasiones los abogados piden arrestos inmediatos de las autoridades municipales, y exigen el embargo de bienes muebles e inmuebles, a pesar de saber que las propiedades de los ayuntamientos son inembargables.

“Nosotros tenemos que emitir todos los acuerdos y los abogados deben promover, no lo podemos hacer de mutuo propio porque no tenemos un interés particular, sino es un interés público; debemos cumplir con la función y acordar todo lo que pidan conforme a la ley, porque si nos piden un arresto de inmediato, no podemos dictarlo; si nos piden el embargo, no se puede porque los bienes de los ayuntamientos son inembargables; está prohibido por la ley”, dijo.



Explicó que del total de los expedientes que tiene el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, son muy pocos los asuntos de resoluciones para emitir laudos, sin embargo, la mayoría están “en ejecución”, y hay problemas para implementarlos.

Flores Zaviaga comentó que son diversos los factores que están retrasando las ejecuciones, entre ellos mencionó los cambios de administraciones, tanto estatal como municipal, ya que las autoridades entrantes evaden las responsabilidades sin tomar en cuenta que se trata de problemas institucionales y no de personas.

Además, hay retraso en el desahogo de pruebas; en los procedimientos laborales se interponen amparos en contra de presuntas violaciones en el proceso; se originan trámites de impugnación porque no se aceptan pruebas; y los amparos promovidos se llevan entre seis meses y un año, “todo ese retrasa mucho las sentencias de ejecución”.



Flores Zaviaga, adelantó que los magistrados elaboran un plan de trabajo para abatir los asuntos más antiguos, porque implican mayor desembolso para una ejecución y entre más tiempo dilaten el monto a pagar es mayor.

“Como juzgadores tratamos de impulsar a que todo se resuelva lo más pronto posible. Los montos pueden reducirse si se llega a un arreglo conciliatorio entre las partes”.