“Nos engañaron en la Subsecretaría de Gobierno y Procuraduría Agraria”

Esta mañana diez indígenas popolucas se manifestaron en la Plaza Lerdo demandando la legalización de 300 hectáreas que están en posesión del ejido de Ocozotepec en el municipio de Soteapan, porque han viajado unas 80 veces hasta la capital y aunque la subsecretaria de Gobierno y la Procuraduría Agraria habían planteado una indemnización a los propietarios, “nos engañaron”, se quejó Ramiro Guillén Tapia, presidente del Comité Prodefensa de los Derechos Humanos AC.

En su balance, el representante de los 60 posesionarios dijo “Carcaño nos engañó a firmar papeles, hemos venido 80 o 90 veces en tres años, el funcionario de Política Regional dijo que había un acuerdo para indemnizar a ejidatarios y se les quedara la tierra a los popolucas y concluir el conflicto, pero ya lo cambiaron en la subsecretaría y lo mismo hizo el procurador agrario de la federación”.

El dirigente rechazó que las tierras en cuestión estén dentro de la poligonal de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, están en los ejidos, pero ya ha habido cinco o seis enfrentamientos en tres años, hay tres acusaciones penales y denuncias relacionadas con los problemas agrarios, los amenazan de muerte y en esta temporada ahora ya lo utilizan políticamente los partidos.

Los diez manifestantes portaban una descolorida manta del Comité Prodefensa de los Derechos Humanos AC, con desvelo y ayuno por el viaje de 10 horas, con sus zapatos o huaraches llenos de lodo color terracota importado de la selva del Uxpanapa para la Plaza Lerdo, humildes camisas a cuadros, otros con algún traje autóctono y entre la pena y el cansancio mostraban unas maltratadas cartulinas.

Sus mensajes, unos escritos por su representante y presidente de este organismo civil, Guillén Tapia se comprometía a cooperar con 20 mil pesos para pagar la indemnización a los ejidatarios y hasta una leyenda en popoluca con esforzada caligrafía que resumía su problema desde su cosmovisión “pusin tiam joiñeyá iniitia suinaca ya naz dyali witchacpa ap”, que traducido significa “Los hombres están enojados sobre la tierra y no hay solución.”

Y tal vez no la tengan porque en este país también trabajadores y funcionarios del Programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede) reconocieron a otros posesionarios y excluyó a los de Soteapan, porque a los que aparecen les vendieron las tierras, entre ellos, mencionaron como responsable al delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Santa María Prieto, quien de acuerdo con trabajadores del INEGI, las negociaron, metieron otros como posesionarios.

Guillén Tapia informó que “los engañan los partidos, hacen que se enfrenten y ahora me deslindaré porque ya los ejidatarios los quieren sacar a fuerza, siguen en posesión pero se puede complicar las cosas, si el conflicto se agrava ya será responsable el gobierno de ello porque se ha enredado el asunto electoralmente con Soteapan entre el PRI y Convergencia.