Desde septiembre pidió CONAVIM la expulsión de la encargada del IVM

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) pidió la expulsión de la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, del grupo de trabajo que da seguimiento a la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida.

Fue el pasado primero de septiembre cuando se determinó en sesión extraordinaria revocar la participación de la funcionaria, solicitando al secretario de Gobierno, Rogelio Franco, la sustitución de la representante del IVM; “sin que se haya presentado una respuesta”.

El requerimiento se entregó mediante el oficio CNPEVM1262/2017 el 6 de septiembre y pese a esto diputados de oposición, como Tanya Carola Viveros Cházaro, aseguran que la actual administración busca ratificarla en el cargo.



La solicitud de expulsión se incluye dentro del dictamen sobre las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe Emitido por el Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado.

“De conformidad con el lineamiento 2, punto 4, de los lineamientos operativos del grupo de trabajo, para el seguimiento a la implementación de las propuestas contenidas en el informe derivado de la solicitud de declaratoria de AVG por Agravio Comparado”.

Esto en atención a las declaraciones de Palacios Hernández, quien formuló que no era necesaria la propuesta al Código Penal estatal y “que el Legislativo debe tomar en cuenta a la Iglesia para ello”.



Cabe señalar que dicho grupo de trabajo concluye en torno a las recomendaciones que se realizaron para implementar distintas acciones por la entidad, en el plazo de 6 meses; no obstante, “es de observar que ninguna de las propuestas pudo ser considerada como cumplida, pues no se lograron los indicadores establecidos”.

Además, estipula que no existió ningún elemento de convicción para dar por satisfecha la propuesta de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, para ampliar las causales de la interrupción legal del embarazo.

En el mismo sentido quedaron las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Fiscalía General, que incumplieron con los indicadores en la reforma al Código; así como implementar políticas públicas encaminadas en lo que proponga la Ley General de Víctimas y garantizar los derechos a la salud y justicia para las mujeres.