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Veracruz se antoja
Universidad Anahuac

Seccin: Estado de Veracruz

Las palabras de la ley

El desarrollo de la cultura de la legalidad

Salvador Martnez y Martnez Xalapa, Ver. 21/08/2019

alcalorpolitico.com

En el Portal alcalorpolitico.com (15/08/2019) leímos un mini-debate que aún no concluye y en el que, por supuesto, no vamos a participar. Solamente lo comentaremos de lejos, como lo interpretan los ciudadanos en una reunión de café. Los hechos reportados hacen recordar el cuento, según el cual, si mil personas atraviesan un puente, esto no es noticia, pero si una se cae del puente, eso sí es noticia.
 
También se recuerda la lección escolar de la Licenciatura en Derecho, pues se solía afirmar que las leyes se cumplen espontáneamente o se hacen cumplir. Hoy no se puede ignorar que aquella lejana lección escolar se encontraba como suspendida en el espacio, su idealismo es evidente al carecer de un contexto determinado.
 
El origen del mini-debate es una noticia, cuya cabeza reza: “Juez federal tira fallo de magistrados suplentes, que fueron habilitados” (Uno se cae del puente, en nuestra imagen). La defensa del Magistrado Presidente del TSJ se presenta en los siguientes términos: “Poder judicial de Veracruz defiende a ‘Magistrados suplentes’: fallos no carecen de validez”. El Foro Liberal de Abogados, por voz de Roberto Rodríguez, advierte que “Prevén cascada de amparos por fallos de ‘Magistrados suplentes’”.
 
Hacia el interior de la defensa que hace el Magistrado Presidente del TSJ, es posible leer el problema del contexto, éstas fueron sus palabras, según el reporte noticioso: “los amparos son pan de cada día; es un asunto que diariamente vemos y atendemos conforme se van presentando, no es algo que nos sea ajeno; por el contrario, forma parte del propio derecho que tienen los justiciables y son inherentes a la labor jurisdiccional.” (Mil cruzan el puente). En esta declaración se deja entrever por parte de la sociedad veracruzana, no la ausencia de una cultura de la legalidad, sino la ausencia de una cultura democrática de la legalidad.
 
El encuentro primero con la categoría “cultura de la legalidad” ocurrió hace un buen número de años, con el alegato de que la legalidad es el primer paso hacia la legitimidad. Hace pocos años, sin embargo, se dio un reencuentro con dicha categoría. La cultura de la legalidad fue presentada de nueva cuenta por el Colegio de Veracruz en el libro coordinado por Vázquez Muñoz, Eugenio y Pablo Armando González Ulloa Aguirre (2014), La cultura de la legalidad ante la reforma del sistema de justicia penal en México, [2008].
 
En el libro del Colegio de Veracruz se discute la cuestión central: ¿Qué es la cultura de la legalidad? Y, como una cosa lleva a la otra, fuimos a dar con el ensayo de Pedro Salazar Ugarte. (2006). Democracia y (cultura de la legalidad). Con este autor entendimos que “…existe una cultura de la legalidad difundida entre los miembros de la colectividad cuando, más allá del contenido de las normas vigentes, de la tradición o familia jurídica a la que pertenecen e incluso de si se respetan o no los contenidos característicos de un estado de derecho, estos ajustan su comportamiento a las mismas porque les reconocen un grado aceptable de legitimidad (reconocen un cierto valor a las normas e instituciones legales vigentes)”.
 
Resultó sencillo asociar aquella categoría con el principio de legalidad, pero dicho principio rige la aplicación de las leyes. O, como lo decía Ignacio Burgoa, tiene como campo de vigencia la materia procesal penal e implica el tradicional principio de legalidad que se enuncia nulla poena, nullum delictum sine lege (No hay pena, ni delito sin ley). También Burgoa decía que para asegurar la garantía de la “exacta aplicación de la ley” en materia penal, el párrafo tercero del artículo 14 constitucional prohíbe la imposición de penalidad por analogía y por mayoría de razón.
 
El mismo autor explicaba y contrastaba con la materia penal, la legalidad en materia jurisdiccional civil invocando el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho.” (En donde resuenan los ecos del derecho de la ciudad, pues Burgoa interpretaba que el texto constitucional no se refería únicamente al derecho procesal civil, sino a las diferentes jurisdicciones existentes, menos a la penal.)
 
Salazar Ugarte advierte que esta observancia de las normas obedece en parte al elemento coercitivo en manos del Estado, pero no se agota en el mismo porque la fuerza nunca es un elemento suficiente para alcanzar la legitimidad. Sólo un cierto grado de adhesión voluntaria a las normas, una cierta cultura de la legalidad, explica la permanencia en el tiempo de los ordenamientos jurídicos respaldados por la fuerza del Estado.
 
Quienes han estudiado el tema suelen detenerse en el concepto significado por la palabra “cultura”, pero también suelen omitir aquello que significó originariamente la palabra: cultivar. Esto es, cultura es igual al cuidado y perfeccionamiento de las aptitudes propiamente humanas más allá del mero estado natural. Salazar Ugarte se ocupa de distinguir la cultura de la legalidad a secas respecto de la cultura democrática de la legalidad. Pero, cómo pasar de una a otra o, mejor aún, de la primera a la segunda: cómo pasar de la cultura de la legalidad, a secas, a la cultura democrática de la legalidad.
 
En el caso enunciado al principio de este escrito, la cuestión no es si los fallos de los “Magistrados suplentes (habilitados)” tienen validez o no. El Juez de Distrito tiró solamente un fallo relacionado con el violador de una menor, lo cual indica que es un Juez sensible al problema del contexto, que al respecto se está viviendo en nuestro país. La cuestión es: ¿Por qué hay “Magistrados suplentes” (Habilitados y no titulares) en algunas Salas del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz? O, ¿por qué, ante este hecho, tantos veracruzanos están instalados en la complacencia?
 
Los asertos que Pedro Salazar Ugarte, al final del ensayo citado, presenta como lugares comunes en este país, se actualizan y dan para mucho más que una simple charla de café: “México no es un país de leyes’’, ‘‘México no es un Estado de derecho’’, ‘‘Los mexicanos no cumplen con la ley’’, ‘‘Los mexicanos son corruptos por naturaleza’’ y ‘‘Los mexicanos no son iguales ante la ley”.
 
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