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1er Informe
Universidad Anahuac

Seccin: Estado de Veracruz

Pide CNDH a Gobierno de Veracruz garantizar reinserción social a reclusos

- Comisiones Intersecretariales deben cumplir con sus atribuciones para concretar esta finalidad
- Dichas comisiones no cumplían Ley de Ejecución Penal, por lo que el organismo emitió una Recomendación

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 22/10/2019

alcalorpolitico.com

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a las autoridades estatales, entre ellas a las de Veracruz, a que sus Comisiones Intersecretariales cumplan con la obligación en el marco de sus atribuciones de garantizar y hacer eficaces los derechos básicos elementales de la población penitenciaria para garantizar una verdadera reinserción social.
 
En la Recomendación General 38/2019 sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se reconoce que de las 32 entidades federativas, sólo 25 cuentan con las referidas Comisiones, por lo que se da un plazo de 6 meses al resto de los Estados para que concluyan con la instalación.
 
Los Estados que ya tienen esas Comisiones son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, de los cuales, sílo Coahuila, Guanajuato y Querétaro han cumplido con lo que ordena la Ley Nacional de Ejecución Penal.
 
También se pide que se consideren las previsiones necesarias por parte de las autoridades que integran y deben participar en las Comisiones Intersecretariales en los rubros de salud, educación, trabajo, capacitación para el trabajo y deporte, tomando como referentes los mandatos de la Constitución Federal, la ley de la materia y los tratados internacionales respectivos.
 
Y que el titular del Poder Ejecutivo federal y sus homólogos en las entidades federativas asignen y programen partidas presupuestales destinadas a dotar de recursos a las Comisiones Intersecretariales para su funcionamiento y operatividad, lo que permitirá estar en condiciones de cumplir con lo ordenado por la Constitución Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
 
La CNDH sostiene que el sistema penitenciario mexicano se encuentra conformado, al mes de junio de 2019, por 298 centros penitenciarios distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales 19 dependen del Gobierno Federal, 266 de los gobiernos estatales y 13 del Gobierno de la Ciudad de México. En estos establecimientos se encuentran albergadas 200,753 personas, de las cuales 10,469 (5.21 %) son mujeres y 190,204 (94.79%) son hombres; debiendo referirse que, del total de la población recluida en todo el país, 76,832 (38.27%) son personas procesadas y 123,921 (61.73%) sentenciadas.
 
Para la CNDH, la obligación por parte de las autoridades penitenciarias de implementar las Comisiones Intersecretariales representa una decisión de gran importancia porque el impulso de sus funciones conlleva superar la discriminación normativa que históricamente se ha padecido en el sistema penitenciario, debido a que la ley reconoce la existencia de un conjunto de derechos fundamentales a los que las personas privadas de la libertad pueden acceder. No obstante, en la práctica se observa un proceso de discriminación por exclusión tácita que se configura por el hecho de que los derechos humanos son para todas las personas en este país, pero a este grupo en especial se les margina de su acceso efectivo, por lo que, ante la presencia de alguna restricción, debe tenerse presente el principio de proporcionalidad que obliga a la autoridad a considerar que cualquier restricción o intervención de un derecho fundamental debe estar ajustada a un nivel estrictamente indispensable para lograr un fin constitucionalmente válido, como lo es en este caso la privación de la libertad.
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