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Sección: Estado de Veracruz

Pide CNDH a Gobierno de Veracruz garantizar reinserción social a reclusos

- Comisiones Intersecretariales deben cumplir con sus atribuciones para concretar esta finalidad

- Dichas comisiones no cumplían Ley de Ejecución Penal, por lo que el organismo emitió una Recomendación

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 22/10/2019

alcalorpolitico.com

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a las autoridades estatales, entre ellas a las de Veracruz, a que sus Comisiones Intersecretariales cumplan con la obligación en el marco de sus atribuciones de garantizar y hacer eficaceslos derechos básicos elementales de la población penitenciaria para garantizar una verdadera reinserción social.

En la Recomendación General 38/2019 sobre el incumplimiento de las obligaciones de

las Comisiones Intersecretariales previstasenla Ley Nacional de Ejecución Penal que

garantizan los derechos humanos de laspersonas privadas de la libertad, se reconoce que de las 32 entidades federativas, sólo 25 cuentan con las referidas Comisiones, por lo que se da un plazo de 6 meses al resto de los Estados para que concluyan con la instalación.

Los Estados que ya tienen esas Comisiones son Aguascalientes, Baja California, Baja

California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala,Veracruz y Yucatán,

de los cuales, sílo Coahuila, Guanajuato y Querétaro han cumplido con lo que ordena la Ley Nacional de Ejecución Penal.

También se pide que se consideren las previsiones necesarias por parte de las autoridades que integran y debenparticipar en las Comisiones Intersecretariales en los rubros de salud, educación, trabajo, capacitación para el

trabajo y deporte, tomando como referentes los mandatos de la Constitución Federal, la ley de la materia y lostratados internacionales respectivos.

Y que el titular del Poder Ejecutivo federal y sus homólogos en las entidades federativas asignen

y programen partidas presupuestales destinadas a dotar de recursos a las Comisiones Intersecretarialespara su funcionamiento y operatividad, lo que permitirá estar en condiciones de cumplir con lo ordenado por laConstitución Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal.



La CNDH sostiene que el sistema penitenciario mexicano se encuentra conformado, al mes de junio de 2019, por 298 centrospenitenciarios distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales 19 dependen del Gobierno Federal, 266de los gobiernos estatales y 13 del Gobierno de la Ciudad de México. En estos establecimientos se encuentran

albergadas 200,753 personas, de las cuales 10,469 (5.21 %) son mujeres y 190,204 (94.79%) son hombres;debiendo referirse que, del total de la población recluida en todo el país, 76,832 (38.27%) son personasprocesadas y 123,921 (61.73%) sentenciadas.



Para la CNDH, la obligación por parte de las autoridades penitenciarias de implementar las ComisionesIntersecretariales representa una decisión de gran importancia porque el impulso de sus funciones conllevasuperar la discriminación normativa que históricamente se ha padecido en el sistema penitenciario, debido a

quela ley reconoce la existencia de un conjunto de derechosfundamentales a los que las personas privadas de la libertad pueden acceder. No obstante, en la práctica se observa un

proceso dediscriminación por exclusión tácitaque se configura por el hecho de que los

derechos humanos son para todas las personas en este país, pero a este grupo en especial se les margina de suacceso efectivo, por lo que, ante la presencia de alguna restricción, debe tenerse presente el principio deproporcionalidad que obliga a la autoridad a considerar que cualquier restricción o intervención de un derecho

fundamental debe estar ajustada a un nivel estrictamente indispensable para lograr un fin constitucionalmenteválido, como lo es en este caso la privación de la libertad.