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Flavino Ros, sealado

Gobierno se disculpa por agresiones a jubilados; ahora piden castigo a responsables

- “Disculpa será auténtica cuando se castigue y procese a los responsables”: Coalición de Pensionistas
- Nuevo Gobierno reconoce responsabilidad y compromiso de restaurar dignidad, señalan
- En 2015, Flavino Ríos “traicionó” a jubilados, puso “trampa, una emboscada política”

Claudia Montero / ngel Saldaa Xalapa, Ver. 13/11/2019

alcalorpolitico.com

La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) advirtió que la disculpa pública que ofreció el Gobierno Estatal, que ahora encabeza Cuitláhuac García, por las agresiones que sufrieron durante una protesta en 2015, en el periodo duartista, sólo será auténtica cuando se castigue y procese a los responsables.
 
Entre los señalados por la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que derivó en esta disculpa, se encuentra el entonces secretario de Gobierno y posterior Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, además del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita.
 
Los pensionados acusaron que Ríos Alvarado cometió el 23 de diciembre de aquel año una traición, llevándolos a una trampa y “emboscada política”, donde terminaron por ser agredidos por granaderos de SSP.

Este miércoles, en Palacio de Gobierno, el actual Ejecutivo encabezó el evento de disculpa, acompañado por titulares de dependencias como la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros organismos.

Al hacer uso de la voz, Pedro Linares Fernández, integrante del COPIPEV, recordó que en marzo de 2015, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, comenzaron a sufrir la falta de pagos, a pesar de que constantemente buscaban diálogo con el Instituto de Pensiones del Estado, con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobierno.

“La mayoría de las veces sólo recibimos promesas incumplidas y minutas con sello y firma de funcionarios que repetían y una y otra vez que no había dinero”, dijo.

Esto, cabe recordar, culminó en un bloqueo de la avenida Enríquez de Xalapa el 23 de diciembre, el cual la SSP desalojó con uso excesivo de la fuerza por órdenes de la Secretaría de Gobierno.

El análisis de Derechos Humanos, explicó Linares Fernández, claramente advierte que policías estatales intervinieron con armas largas, armas eléctricas paralizantes, sin datos que permitieran su identificación, para agredir a los pensionados.

Incluso, había mandos vestidos de civil, desplegándose fuerza física sin justificación.

“La investigación de CNDH concluye que con la violencia y represión se violaron flagrantemente nuestros derechos humanos, derecho a la manifestación, a la seguridad social, al trato digno e integridad, a la libertad de expresión y derecho a la procuración de justicia”, dijo.

Ahora, ante el gobernador Cuitláhuac García, señaló que ofrecer la disculpa significa que reconocen un error y su arrepentimiento, además de que asumen el compromiso para que no se repitan más estas violaciones y garantizar el derecho a la justicia .

“La disculpa pública será verdaderamente auténtica cuando se castigue y procese a los responsables de las agresiones”, dijo.

La traición de Flavino

En su intervención, Adriana Chávez Tejeda, también del COPIPEV, dijo que recuerda con horror todo lo que vivieron aquel diciembre, ante la incertidumbre de saber si les pagarían o no.

“Con la amenaza por parte de autoridades y de líderes sindicales de que, como era diciembre, no iba a haber pago, ni de pensiones ni mucho menos de aguinaldos, (…) había una psicosis provocada por todas estas declaraciones y a muchas gentes, a muchos compañeros, les subía la presión, les provocaba enfermedades y angustia”, dijo.

El día de la represión, destacó, había quienes tenían dos meses sin cobrar su pensión y llegaron a recibir cheques sin fondo que el Gobierno de Duarte entregó a pesar de que era un delito, el cual sigue sin castigo.

Así, dijo, llegaron al 22 de diciembre, día en que Flavino Ríos les pidió reunirse en Palacio de Gobierno.

“Llegó el 22 de diciembre de 2015 y como los bloqueos habían continuado, exigiendo el pago de las pensiones, Flavino Ríos Alvarado, entonces secretario de Gobierno, llamó a los dirigentes de los pensionados y jubilados a dialogar al día siguiente a las 11 de la mañana”.

“Acudimos a la cita y un nutrido grupo de compañeros se quedó estoicamente en frente de Palacio, sobre la Plaza Lerdo, también y bloqueando la avenida, esperando ver las noticias, porque según esto era un diálogo, por medio del cual se iba a resolver la situación”.

Fue en esa reunión donde el Secretario de Gobierno los “traicionó”.

“Subimos nosotros, llegó Flavino Ríos Alvarado, saludó y al minuto precipitadamente se salió de la sala y nos dejó allí. Se salió a hablar por teléfono y nos dejó allí sentados. Entonces empezamos a recibir mensajes de los compañeros que estaban abajo, mensajes desesperados que nos decían, 'viene la policía sobre nosotros', 'viene la Policía Estatal y la Policía Municipal sobre nosotros', 'quieren que desbloqueemos'”.

Chávez Tejeda afirmó que no podían creer lo cometido por el funcionario, quien llegó a estar preso y recientemente fue librado de cargos tras ser acusado de facilitar un helicóptero a Javier Duarte de Ochoa para su huida.

“De verás, se los juro que no lo podíamos creer, no dábamos crédito, decíamos ‘no, no puede ser, son incapaces de eso’. Y estábamos allí, esperando al señor Flavino y empezaron a llegar las fotos de los policías, los escudos, las armas y todo, entonces dijimos: ‘así no se puede dialogar, así no dialoga nadie’.

“Nos levantamos y llegó Flavino y nos dijo: ‘no se vayan, vamos a dialogar’. Le dijimos ‘con una pistola en la cien nadie dialoga, señor. Esto no es un diálogo, es una traición, con permiso’. Y nos bajamos”.

Al salir, recordó Chávez Tejeda, encontraron a policías de todo tipo, armados, con “escudotes”, agrediendo a sus compañeros.

La Recomendación

La Recomendación 32/2018 que la Comisión Nacional Derechos Humanos lanzó desde septiembre de 2018 —durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares—, constata que el 23 de diciembre de 2015 ocurrieron “violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de personas pensionadas y periodistas”.

Esto en las ciudades de Veracruz, Orizaba, Coatzacoalcos y Xalapa, donde ocurrió el evento que más trascendió a nivel nacional.

Entre las recomendaciones, se pide al Gobernador colaborar ampliamente con la Comisión Nacional “en la queja que presentará ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, para que se investiguen y determinen las responsabilidades administrativas de AR1, AR3, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13 y AR14 (designados así en la recomendación) y demás servidores públicos que participaron en los hechos”.

Asimismo, que colabore ampliamente en la denuncia que la Comisión presentaría ante la Fiscalía General para que se investiguen y determinen las responsabilidades penales los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública.

De igual forma, impartir a los servidores públicos de las Secretarías de Gobierno, Finanzas y de Seguridad Pública, cursos de capacitación por especialistas en materia de derechos humanos en los que se aborden aquellos atinentes a las personas adultas mayores.

“Además de los referidos cursos, la Secretaría de Seguridad Pública también deberá impartir otro sobre los derechos de periodistas, de límites del uso de la fuerza pública, libertad de expresión, libertad de reunión, derecho al trato digno e integridad personal”.

Por su parte, a la Fiscalía de Veracruz se le pidió “en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación”, que en coordinación con el Gobierno del Estado y el Instituto de Pensiones reparar integralmente el daño e inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los afectados.

La CNDH también solicita al organismo “integrar y determinar el Acta Circunstanciada y la Carpeta de Investigación 2, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”

La Fiscalía General igualmente deberá ofrecer cursos a su personal en materia de derechos humanos. Medidas similares se solicitaron al Instituto de Pensiones del Estado, quien deberá garantizar oportunamente “las prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho las personas pensionadas”.

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