Diputados Gonzalo Guízar, Alexis Sánchez y Antonio García no acataron mandato de SCJN

Los diputados Gonzalo Guízar Valladares, Alexis Sánchez García y Antonio García Reyes se opusieron a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se les señala de privilegiar intereses por encima de la recuperación del Estado de Derecho en Veracruz, pues incluso solicitaron cantidades millonarias a cambio de sus votos en la Legislatura.

El Congreso del Estado fue requerido por el máximo tribunal de los mexicanos respecto de la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 11/2016, de la que se desprende que existe determinación firme en cuanto a los Límites Territoriales Intermunicipales entre Chinameca y Oteapan contenida en el Decreto 537, del 30 de enero de 2003.

En dicha resolución, se dispuso que el área denominada “Tina Chica” corresponde a Chinameca y que la superficie de 463 hectáreas desincorporadas del predio Tonalapan constituyen el municipio de Oteapan.



La instrucción de la Suprema Corte de Justicia al Congreso era muy clara y sencilla: hacer valer lo contenido en el Decreto 537 para poner fin a este conflicto añejo entre ambos municipios.

Después de varios apercibimientos al Legislativo, la SCJN notificó el pasado 21 de enero una prórroga máxima de 10 días para que la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales acreditara el cumplimiento de la sentencia, es decir, que se aprobara un dictamen en el sentido dado por el Alto Tribunal.

Además, impuso una multa de 5 mil pesos al diputado Rubén Ríos Uribe, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva, apercibiéndolo también que si no se cumplimenta la sentencia en el plazo señalado podría ser sancionado con la pérdida de la Presidencia del Congreso.



La Comisión elaboró el dictamen correspondiente. En las reuniones de la Junta de Coordinación Política, se había acordado que los grupos legislativos aprobarían el resolutivo.

Sin embargo, fuentes allegadas al Congreso señalaron a Guízar Valladares de acordar con el Alcalde de Oteapan para oponerse al dictamen; además de que Alexis Sánchez y Antonio García solicitaron una suma millonaria de dinero al diputado Juan Javier Gómez Cazarín para definir su voto.

El resultado de la votación fue: 32 diputados a favor, 2 en contra y 12 en abstención. El dictamen requería el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la LXV Legislatura, es decir 34 votos.



Esto representó un duro golpe a la certeza jurídica que deben gozar los municipios veracruzanos, pues significa incurrir en una omisión a lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esta votación, los diputados panistas, Sergio Hernández, María Josefina Gamboa Torales y Juan Manuel de Unanue, se abstuvieron de emitir su sufragio.

A decir de la fuente, los diputados Guízar Valladares, Alexis Sánchez y Antonio García pusieron en riesgo la figura del Presidente del Congreso del Estado, se prestaron al juego de la corrupción y vulneraron la institución del Congreso como un órgano garante de la legalidad, por lo que se esperan consecuencias al respecto.