Desde hace 4 años, 35 detenidos por secuestro no son declarados ni inocentes ni culpables

Esposas, hijos, familiares y amigos de 35 personas detenidas en diciembre del 2016 demandan que el Distrito Judicial en Poza Rica por fin dicte la sentencia de hombres y mujeres señalados por secuestro agravado, durante el pasado Gobierno Estatal de Miguel Ángel Yunes Linares.

Acusan que desde que inició el proceso y hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado presuntamente no tiene pruebas para mantenerlos en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de la zona.

El 31 de diciembre de 2016, a plena luz del día, fuerzas federales y estatales detuvieron a 32 personas en la colonia Arroyo del Maíz. Según informara la misma Fiscalía en aquel entonces, “se les atribuye la comisión del delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de la integridad de un civil y un agente policiaco”.



Son diversas las formas que estas personas, hombres y mujeres, fueron detenidos por delitos que al paso del tiempo no han sido comprobados pero estos individuos siguen retenidos en el CERESO de Poza Rica.

Los gastos económicos no han parado, todos tienen familiares, algunos son casados y tienen hijos y se ha convertido en un calvario porque han invertido en los servicios profesionales de abogados y otros, sin un peso, han confiado en defensores de oficio pero ninguno de ellos ha dado resultados para liberarlos.

Esto es injusto, expresan madres de varios detenidos, ya que están dentro de un penal sin comprobarse culpabilidad alguna.



Adriana Montserrat tiene a su esposo, Joel Obed, recluido. Él tuvo audiencia sin notificación el pasado viernes y le fue informado por la juez Luz Areli Ahumada Enríquez que el proceso para dictar sentencia se alargaría un año más porque la Fiscalía continúa con la investigación.

Es una mujer que ha sido el sostén de la familia, tiene tres hijos y viene un bebé en unos cuantos meses.

Comparte que Joel Obed se dedicaba al oficio de taxista y fue detenido cuando estaba trabajando en la ruta tolerada de colectivo hacia la colonia Arroyo del Maíz, cerca de donde se realizó el operativo y fue involucrado, sin deberla ni temerla.



Fallan abogados

Vía telefónica, el mismo Joel Obed dio detalles sobre el proceso de audiencia que se celebró el pasado viernes.

Explicó que los 35 detenidos fueron divididos en “secciones” y el viernes fueron trasladados en un primer grupo con la Juez de Control, quien les informó que tendrán un año más de prisión preventiva.



De acuerdo al imputado, al cerrarse las cámaras de video y audio, la propia Jueza les dijo que si sus abogados hubiesen defendido la salida sin notificación, eso procedía a un vencimiento de término pero como no lo hicieron y aceptaron la fecha que ella puso, no pudo hacer más. La Jueza calificó a sus abogados de incompetentes.

“La Fiscalía no dijo nada, no pidió tiempo, no pidió nada, no pidió que nos retuvieran más tiempo y los abogados con su poco deseo de poder trabajar, pues tampoco dijeron nada. (…) (La Jueza) se quitó el cubrebocas y nos dijo que si los abogados hubieran peleado, ella nos hubiera dejado ir”.

“Nadie nos notificó, nadie nos dijo que íbamos a salir, nadie dijo nada. No había ningún papel y ni nuestros abogados sabían”, comentó el hombre, quien aún es joven y confía en tener su libertad para ayudar a Adriana Montserrat.



Gastan dinero sin resultados

La señora Mirna Ruth Rivera lleva cuatro años esperando por su hijo Alexander, quien había terminado su educación preparatoria y había comenzado a trabajar porque su pareja resultó embarazada.

Comenzó a ser taxista ese 31 de diciembre y también fue detenido cuando había salido a comprar unos plátanos fritos para cumplir el antojo de su esposa.



Como madre, dijo que no comprende por qué el abogado particular que contrató no ha podido liberarlo, sólo ha pagado gastos por cada proceso que realiza el defensor pero sin tener un resultado, aunque haya testigos a su favor.

Sin tener conocimientos del derecho penal, considera que hay irregularidades pues la detención de Alexander fue ilegal y con este proceso le ha arrebatado cuatro años para disfrutar a su pequeña hija.

Brenda Cerón, cuyo esposo también fue detenido, criticó la mala labor de los servidores públicos. Ella apela la inocencia del padre de su única hija.



De igual manera, Ana —quien omite su nombre real por temor a represalias—, tiene a su esposo en el CERESO. Su hija mayor cayó en depresión a escasos seis años de edad por la tristeza de no convivir plenamente con su padre.

Cabe mencionar que por este caso, los familiares presentaron su queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; al respecto, el delegado regional Tonatiuh Sarmiento dio a conocer, en abril del 2019, que se estaba en espera del análisis de si hubo o no agravio a las garantías individuales pero a decir de los familiares, hasta hoy no tienen respuesta del organismo.