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Sección: Estado de Veracruz

Concentra Veracruz violencia política contra aspirantes y candidatos

- Etellekt Consultores advierte que se dispara la violencia durante proceso electoral

- Estado ha acumulado 45 agresiones contra aspirantes

Miguel Valera Xalapa, Ver. 05/05/2021

alcalorpolitico.com


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Con todo y la Estrategia de Protección en Contexto Electoral implementada por el Gobierno de la República a partir del 4 de marzo, la violencia política no se detiene en el país y, por el contrario, se ha disparado con 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales, reporta Etellekt Consultores en su Cuarto Informe de Violencia Política en México presentado este miércoles.

La cifra de 443 víctimas globales representa un incremento de 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018 y la violencia contra aspirantes y candidatos está concentrada en Veracruz, indica la Consultoría.

“Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país (8% del total), el 16% pertenecen al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas.



“Le siguen los estados de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San Luís Potosí (15), Estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas globales. En el indicador de violencia letal, de los 79 políticos víctimas de homicidio doloso, Veracruz ocupa el primer lugar con un total de 14 víctimas (18% del total nacional). De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa también la primera posición, con un total de 8 víctimas mortales (26%)”, revelan los datos de Etellekt Consultores.

Suman 79 políticos asesinados, 31 eran aspirantes y candidatos.

En su reporte para medios de comunicación, Etellekt Consultores indica que, de las 443 víctimas globales, 282 son aspirantes y candidatos; en este rubro, el 41% son mujeres. De estos 282 aspirantes y candidatos, 195 buscaban cargos municipales (69%), 47 gubernaturas y diputaciones estatales (17%) y 40 diputaciones federales (14%).



De las 282 víctimas de estos delitos, 31 perdieron la vida en atentados mortales (6 de ellas eran mujeres), y entre los políticos asesinados desde el inicio del proceso electoral, se confirmaron 7 víctimas adicionales que tenían aspiraciones a puestos de elección, con lo que se alcanza la misma cifra de postulantes a cargos de elección asesinados en el mismo periodo de hace tres años. Pese a lo anterior, la tendencia de ataques letales contra candidatos se ha estabilizado durante el mes de abril, al registrarse 3 víctimas mortales, un descenso del 70% en relación a los 10 aspirantes y candidatos que perdieron la vida en atentados durante marzo.

Etellekt Consultores asegura que desde el inicio del proceso electoral han perdido la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos a puestos de elección, sólo en 3 de estos homicidios dolosos las autoridades ministeriales han realizado detenciones de los presuntos autores materiales.

Se trata de los asesinatos de los aspirantes a presidencias municipales en los municipios de Juventino Rosas, Guanajuato; Cosoleacaque, Veracruz; y Chilón, Chiapas.



Sobre los posibles móviles, sólo en 4 de los 31 casos se presume la presunta responsabilidad de grupos de la delincuencia organizada, sin existir aún confirmación sobre su autoría intelectual o material, en otros dos casos el móvil está relacionado con asaltos, un homicidio más fue cometido por asuntos de tipo personal y se registra también un feminicidio en contra de una candidata a regidora.

Además, exponen que los actos de intimidación y maltrato físico y/o verbal (infracciones contra la dignidad), representa el tercer delito con el mayor número de víctimas, cometido principalmente en contra de candidatos y sus equipos de campaña en actos proselitistas o de promoción del voto en colonias, plazas públicas y zonas habitacionales, de parte de militantes de partidos contrarios. Se reportan también 15 denuncias de candidatos y militantes de partidos en contra de funcionarios públicos, principalmente policías estatales y municipales, por presuntos actos de intimidación y hostigamiento en su contra.

El reporte señala que el 78% de las 282 víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales. El 75% de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados eran opositores a los gobernadores de los estados. La violencia letal contra opositores afecta en mayor medida a los aspirantes a cargos de elección municipal. De los 31 aspirantes asesinados, 26 perseguían puestos municipales, de estos, el 85% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban contender electoralmente.



Los 3 aspirantes y candidatos que se postulaban por diputaciones estatales pertenecían a partidos opositores a sus respectivos gobernadores, y los dos aspirantes a diputaciones federales, estaban afiliados a partidos opositores al gobierno federal.

El 49% de las víctimas mortales, pertenecían a la alianza opositora al gobierno federal.

Además, indican que el partido con el mayor número de afiliados que han perdido la vida en este proceso electoral es el PRI, con 15 víctimas mortales (19% del total), seguido por el partido Morena con 13 militantes asesinados (17%).



Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, compuesta por el PAN, PRI y PRD, concentran el 49% de las víctimas mortales, en tanto que el 28% de las mismas, estaban afiliadas a la alianza oficialista, integrada por los partidos Morena, PT y PVEM.

Durante el proceso electoral asesinan a 91 servidores públicos sin militancia partidista o aspiraciones políticas.

El informe que se podrá consultar esta tarde desde la página web www.etellekt.com indica que desde el inicio del proceso electoral han sido asesinados 79 políticos y 91 servidores públicos sin militancia o aspiraciones políticas. En total suman 170 víctimas.



La violencia contra servidores públicos expone prácticamente la misma tendencia que los homicidios contra políticos en el periodo de campañas. Un patrón que refleja una alta vulnerabilidad de estos servidores públicos en procesos electorales con una alta probabilidad de alternancias políticas en el ámbito municipal.

Aun cuando muchos de estos servidores públicos no contaban con una militancia o aspiraciones políticas, es probable que llevarán a cabo funciones de tipo electoral para respaldar candidaturas que les garantizarán la continuidad en sus cargos, e incluso, su promoción futura a puestos de elección.

Adicionalmente, han sido asesinados 28 familiares y 4 colaboradores de personas políticas.



También se indica que, de los 28 familiares de políticos asesinados, 14 tenían un lazo consanguíneo con personas aspirantes y candidatas. Tres de estos casos se registraron en Veracruz, ocupando el primer lugar nacional, seguido de Jalisco, San Luís Potosí, Baja California y Estado de México con 2 casos cada uno, y en tercer lugar, los estados de Chiapas, Michoacán y Morelos, con una víctima por entidad.

El pasado 30 de abril, desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que desde el inicio de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, del 4 de marzo al 30 de abril, han atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres; en 92 de estos de estos eventos se han abiertos carpetas de investigación.

En el cuarto reporte del trabajo desarrollado por el gobierno federal, en esta mesa creada el 4 de marzo, la funcionaria federal dijo que existe una amplia coordinación con los gobiernos estatales y municipales para proteger a quienes aspiran a un puesto de elección popular.



“Lo haremos hasta la conclusión del proceso electoral, como nos ha instruido el señor presidente, porque el propósito es proteger a la democracia en los comicios del próximo 6 de junio”.

Comentó que cuentan con un Centro de Monitoreo en donde participan más de 100 servidores públicos, con una presencia continua las 24 horas del día los siete días de la semana.

“Aquí estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos, y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección.
El primer paso en este proceso es denunciar, avisar a las autoridades para que se realice una investigación y sea posible coordinar su atención en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, y en la Mesa Nacional de la Estrategia en Contexto Electoral”, destacó.



Dijo que “junto con los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención, protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades”.

“De acuerdo a las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad y a la mesa nacional, en las primeras dos semanas de la implementación arrancamos con un total de 69 solicitudes, en la segunda fase tuvimos 42 y en los periodos siguientes hemos notado el incremento de casos a 57 en una tercera etapa y 66 en las últimas dos semanas”.

La funcionaria minimizó los hechos de violencia política, comentando que “no es un asunto generalizado en todo país, sino que se concentra en algunos lugares, donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan influir políticamente”.



“Del total de reportes, 48 por ciento se ubican en seis entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca; el 82 por ciento de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18 por ciento restante aspira a una gubernatura o diputación federal”.

“De los 10 casos graves reportados anteriormente, por desgracia se sumó el lamentable asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, en cuyo esclarecimiento avanza la fiscalía del estado de Baja California y no ha descartado ninguna línea de investigación”, informó.

“También se suscitó el caso del lamentable fallecimiento de Francisco Gerardo Rocha Chávez, quien era candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista en México en el estado de Tamaulipas. La fiscalía del estado ha realizado las investigaciones y ya cuenta con órdenes de aprehensión de los presuntos responsables”, dio a conocer.



“También se avanzó en las investigaciones sobre el lamentable asesinato de Ivonne Gallegos, exdiputada y precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. La fiscalía del estado abrió la carpeta por feminicidio y desahogó todas las diligencias para afianzar una línea de investigación sólida y solicitar las órdenes de aprehensión de los responsables del crimen”, dijo la funcionaria federal.

“De los 224 casos en atención, 12 son lamentables decesos, 113 se han valorado para posibles medidas de protección y de manera preventiva a 109 se les da seguimiento y atención por la posibilidad de que presenten acciones de amenazas o violencia”, aseveró.

“El reto es grande si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150 mil candidatos y candidatas a más de 21 mil cargos de elección popular. A la fecha, en seguimiento a las candidatas y candidatos, en el caso de los candidatos a gobernadores, los reportes de monitoreo y peticiones suman 16; sin embargo, sólo seis de ellos han solicitado protección”.



“En el caso de Colima, la candidata a gobernadora Mely Romero Celis; en el caso de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez; también Juan Carlos Machinena Morales y Adrián Esper Cárdenas; en el caso del estado de Chihuahua, Alejandro Díaz Villalobos; y en el caso de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros”.

Rosa Icela Rodríguez dio a conocer también que se recibió una denuncia de la diputada federal Maricarmen Bernal Martínez, de Michoacán, por amenazas que recibió de mensajes telefónicos de parte del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la declaración de procedencia, del gobernador Cabeza de Vaca y que si no votaba se atendría a las consecuencias.

“Le llegaron diversos mensajes de texto de parte del número que pertenece al secretario particular del gobernador Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Entonces, ya se levantó la denuncia correspondiente y está en investigación, y en tanto lo que se está realizando es darle protección, por nuestra parte es darle protección a la candidata, que es también candidata en un distrito en Michoacán, por el distrito de Apatzingán. Estoy buscando el dato exactamente”.



La responsable de la seguridad en el país concluyó su reporte comentando que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es “de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sean del partido que sea”.

“A los aspirantes les decimos que no están solos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estamos trabajando en conjunto con los gobiernos locales a favor de su seguridad”.