Obligaciones financieras de San Andrés Tuxtla por 59.6 mdp; municipio 117 reportado ante Hacienda

Aun cuando el presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, asegura que por el déficit en las finanzas municipales de más de 1.5 millones de pesos su administración está prácticamente en quiebra, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las obligaciones financieras de ese municipio con saldo al 30 de septiembre de 2017, ascendían a 59.6 millones de pesos.

En el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, citado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en su informe “Obligaciones Financieras de los Municipios de México al Tercer Trimestre de 2017”, publicado el pasado 19 de diciembre, se especifica que el municipio de San Andrés Tuxtla se encuentra en el lugar 117 de los 707 municipios del país con obligaciones financieras positivas, reportadas ante la SHCP al tercer trimestre del año pasado.

El Registro Público Único, presenta la información de los financiamientos y obligaciones inscritos y reportados por los entes públicos locales a la SHCP, establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en abril de 2016.



La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios; así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas, un uso responsable de la deuda pública y fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, además de regular la información mínima que se tiene que presentar en sus Leyes de Ingresos y en sus Proyectos de Presupuestos de Egresos.

Esta Ley indica en su artículo 18 que la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de los municipios, además de elaborarse conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para que se pueda proceder a su aprobación por parte del Congreso Estatal y del cuerpo edilicio respectivamente, deberán cumplir entre otras cosas, con lo siguiente:

“IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones; así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.”



Lo anterior deberá establecerse con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño de acuerdo con la legislación local aplicable.

Como se recordará, recientemente el alcalde del municipio de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, expuso ante Al Calor Político (http://bit.ly/2CX8IeN ) que su antecesor, Manuel Rosendo Pelayo, le heredó una abultada nómina a pagar y pagos fijos por más de cuatro millones de pesos mensuales, de los cuales sólo recibe de la Federación por concepto de participaciones 2 millones 200 pesos; de ahí el déficit mensual de 1.8 millones de pesos.

Para dimensionar las obligaciones financieras de San Andrés Tuxtla, es importante mencionar que el vecino municipio de Santiago Tuxtla tiene registrados apenas 6.2 millones de pesos de obligaciones financieras positivas, por lo que sus participaciones federales no están tan mermadas.