ONU sugiere a México eliminar prácticas que violen derechos humanos, como el arraigo

El relator especial de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez destacó las violaciones a los derechos humanos por medio de un informe que envió a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y que dicha Secretaría mandó a la Cámara de Diputados.

En el informe opinó sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de las cuales, consideró que son un aliciente para su repetición y agravamiento, por lo que el Estado debe urgentemente arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar debidamente estos actos.

Sugiere eliminar definitivamente el arraigo, así como figuras similares en lo federal o estatal, prescindir los supuestos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución y Legislación, además de aprobar la Legislación federal y estatal para garantizar el control judicial sobre la ejecución de las penas, incluyendo medidas cautelares, prisión preventiva, condiciones de detención y sanciones disciplinarias.



De igual modo, propone asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigados; se atestigüen indagatorias imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados, tanto penal como administrativamente.

Plantea tipificar a nivel federal y estatal el estándar más beneficioso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y velar que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las obligaciones y garantías que derivan de la prohibición absoluta de la tortura, como la de investigar, procesar y sancionar en forma pronta e imparcial.

También, reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de tortura presuntamente cometidos por un militar contra otro también sea de competencia de las autoridades civiles, además de restringir en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y toda ley aplicable, las instancias de detención sin orden judicial a los casos propios de flagrancia.



Manifiesta la necesidad de retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles.

En el documento se plantea tomar medidas para reducir el hacinamiento carcelario; restringir el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y respetar su plazo máximo legal, aumentar el uso de medidas alternativas de prisión y garantizar recursos financieros y humanos para mejorar las condiciones de detención, incluyendo calidad y cantidad de la comida, condiciones de salubridad y acceso a oportunidades laborales, recreativas y educativas.