ONU urge a Gobierno de México a investigar desaparición forzada ocurrida en Veracruz

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Gobierno de México “debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva” por la desaparición de un estudiante universitario que fue detenido por la hoy extinta Policía Intermunicipal de Poza Rica, en octubre de 2010.

Según se dio a conocer, un grupo de 18 expertos internacionales determinó que se debe reparar el daño por el caso de Christian Téllez Padilla, quien tenía 30 años y estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad del Golfo de México cuando fue detenido.

“La víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola”.

“Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias. Identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado 'Los Zetas'”, se informó sobre el dictamen publicado en Ginebra.

Fueron los familiares de la víctima quienes interpusieron la denuncia ante Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo.

Además, el Comité determinó que el Gobierno ponga a oficiales a cargo de la búsqueda de Téllez Padilla y de la investigación de su desaparición y que “cuenten con el profesionalismo y autonomía necesarios al desarrollo de sus funciones”.

Entre otras acciones deberá conceder a los autores, así como a Téllez Padilla en caso de seguir con vida, una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas.

Se agrega que el Comité desea recibir del Estado Mexicano, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen.

Compañera de Téllez Padilla presenció los hechos

De acuerdo con el informe el 20 de octubre de 2010, Téllez Padilla conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, con destino a un taller. Su compañera, Aidée Galindres Basave, le seguía en su camioneta.

Aproximadamente a las 3:30 pm, a la altura del Puente Hueleque sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, dos patrullas de la extinta Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, compuestas por ocho policías, lo interceptaron.

“Lo apuntaron con sus armas mientras lo bajaron de su automóvil y lo subieron a una de sus patrullas. Las patrullas se fueron y uno de los policías se llevó el automóvil del Sr. Téllez Padilla”.

“Su compañera intentó seguirlos, pero cuando las patrullas se pararon para preguntarle lo que buscaba, llegaron dos policías en motocicletas que se colocaron frente a ella, impidiéndole el paso”.

Posteriormente, Aidée Galindres Basave acudió a las instalaciones de la Policía Intermunicipal, donde las autoridades le informaron que Téllez Padilla no se encontraba allí.

También acudió a la también extinta Agencia Veracruzana de Investigación y a la Agencia Federal de Investigación, donde obtuvo la misma respuesta. Finalmente, se presentó en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, para denunciar la desaparición, pero inicialmente no se aceptó su denuncia por no tener 48 horas de haber ocurrido.

“Llamó al número telefónico de emergencias para reportar la desaparición y se le indicó que tenía que acudir nuevamente a las instalaciones de la Policía Intermunicipal. Cuando acudió, se le informó nuevamente que la persona que buscaba no se encontraba allí”.

Los familiares del desaparecido acudieron, provenientes del Distrito Federal y se presentaron ante la Policía Intermunicipal, donde el entonces subcoordinador Javier Amador Mercado Guerrero les afirmó que Téllez Padilla no se encontraba en los registros.

Cabe señalar que Mercado Guerrero posteriormente fue detenido por secuestro y vínculos con el grupo de delincuencia organizada “Los Zetas”.

“Si bien el Subcoordinador permitió a un tío del Sr. Téllez Padilla acceder a la zona donde se encontraban los detenidos, se negó a abrir una puerta cerrada con candado, a pesar de la insistencia del familiar”.

Para el 21 de octubre de 2010, la entonces PGJE finalmente admitió la denuncia, que fue presentada por la madre del desaparecido, iniciando la investigación previa PZR4/495/2010, pero no se tomaron medidas para la búsqueda.

“En la tarde de ese mismo día, la familia encontró el automóvil del Sr. Téllez Padilla en un lote baldío y dio aviso a la Procuraduría. El experto enviado tocó el volante del automóvil sin utilizar guantes e indicó a los familiares que no podía realizar el dictamen dactiloscópico debido al polvo”.

Según la ONU en el marco de ese mismo expediente, Aidée Galindres Basave fue citada el 26 de octubre de 2010 para trabajar en los retratos hablados de los policías y el 22 de octubre de 2010, ella presentó un recurso de amparo por privación ilegal de libertad e incomunicación.

Después de haber solicitado información a la Policía Intermunicipal y haber recibido como respuesta que no se realizó la detención de Téllez Padilla, el Juzgado ordenó la suspensión del procedimiento el 3 de noviembre de 2010. Tras un año de suspensión, el juez consideró tener la demanda por no interpuesta.

Los familiares también se presentaron ante la Dirección General de Investigaciones Ministeriales en Xalapa, donde se inició una Averiguación Previa.

Policías tenían vínculos con “Los Zetas”

En el marco de ese expediente abierto ante la Dirección General de Investigaciones, los familiares accedieron al álbum fotográfico de los elementos de la Policía Intermunicipal.

Aidée Galindres Basave identificó a Pablo García García, de quien se había realizado un retrato hablado y a otros dos policías, que son Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago, como unos de los responsables de la desaparición.

En la investigación se les informó a los familiares que no existían cámaras de vigilancia en la zona de los hechos, lo cual resultó ser falso, pero, por el tiempo transcurrido, los videos se borraron.

“El 29 de noviembre de 2010, Pablo García García fue citado a declarar. En su declaración de 6 de diciembre de 2010, señaló pertenecer a la Unidad Canina y no manejar patrullas ni motocicletas y haber estado de vacaciones el día de los hechos. Aportó como pruebas un oficio firmado por el Coordinador General de la Policía Intermunicipal”.

Dicho coordinador era Juan Carlos Novoa Torres, quien en 2014 fue vinculado con un asesinato. También presentó la bitácora de 20 de octubre de 2010 de la Unidad Canina, firmada por el Subcoordinador de la Policía Intermunicipal, Javier Amador Mercado Guerrero, quien años después sería relacionado con el grupo criminal de "Los Zetas".

Para el 22 de noviembre de 2010 también se presentó una denuncia en contra de los tres policías identificados, Pablo García García, Marco Alfredo Castellanos López y Carlos Vicencio Santiago, en la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (UEIS) de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Los familiares coadyuvaron en las investigaciones e informaron a la SEIDO, de la entonces PGR, que el subcoordinador de la Policía Intermunicipal, Javier Amador Mercado Guerrero, fue detenido y señalado como presunto líder en Poza Rica del grupo de delincuencia organizada “Los Zetas”.

El 24 de octubre de 2014, los familiares Téllez Padilla presentaron una nueva denuncia ante la Unidad para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y nunca cesaron en su intento de llegar a la verdad.

Además de los recursos judiciales, los autores también presentaron denuncias en contra de la Policía Intermunicipal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz, el 21 de octubre de 2010 y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 19 de abril de 2011, pero ninguna de las acciones realizadas logró establecer el paradero de Téllez Padilla.

Cabe señalar que el Estado Mexicano intentó que este asunto sea declarado inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos al encontrarse varios recursos internos todavía en trámite, aunque se reiteró por parte del Comité que no se hicieron diligencias que eran fundamentales para lograr los objetivos de la investigación.

“El Comité considera que el Estado parte no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de los autores sobre la supuesta desaparición forzada del Sr. Téllez Padilla. Por consiguiente, el Comité considera que los hechos del presente constituyen una desaparición forzada”.