OPLE debe convertirse en el pilar de la democracia más transparente: Consejero

Para Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), el árbitro electoral debe ir más allá de realizar comicios y asumir su responsabilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas, tanto internas como externas, que le permitan convertirse en el pilar de la democracia más transparente.

Dijo que a nivel federal y estatal se están realizando diversas acciones para erradicar la corrupción, fortalecer el sistema de rendición de cuentas, maximizar la publicidad de la información, conservar la documentación institucional y proteger los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que garantizan el control de los datos personales de los usuarios e imponen una serie de obligaciones que un tercero debe respetar.

“Órganos que como el OPLE no pueden eludir su responsabilidad en la transparencia, derechos ARCO y conservación documental; pues, dada su naturaleza administrativa de organizar elecciones y mecanismos de participación ciudadana, es uno de los entes encargados de consolidar la democracia”.



Por esa razón, avaló el reglamento en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y organización de archivos del OPLE.

“La construcción de un andamiaje reglamentario que facilite la realización de los derechos fundamentales que gozamos, es un avance que vale la pena reconocer, pues el acceso a la información pública y la protección de datos personales como garantías constitucionales son dos pilares dentro del sistema democrático”.

Añadió que no se debe olvidar que el sentido de responsabilidad social y profesional del OPLEV, como ente público, va más allá de aplicar de manera estricta la ley, sino que recae en actuar conforme a principios y valores.



De igual forma, que el OPLE, al ser un órgano constitucional autónomo que se dedica al que hacer público y depende del financiamiento de la ciudadanía tiene que coadyuvar en darle vida a las reformas hechas en materia de combate a la corrupción.

Por lo que como órgano autónomo tiene que hacer lo propio, no sólo adecuando su normatividad conforme a lo indicado por los Sistemas Nacional y Estatal en el Combate a la Corrupción, sino diseñando e implementando políticas públicas que hagan efectivo los nuevos mecanismos democráticos: por ejemplo, tiene que realizar campañas internas que informen a su personal para que identifique cuándo se enfrenta a un acto de corrupción, cuál es el protocolo a seguir en ese caso y empoderarlo para que tenga la confianza de que el alzar la voz será el primer paso para un cambio propositivo.