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Sección: Estado de Veracruz

ORFIS entrega el jueves a Congreso informes de Cuenta Pública 2020

- Corresponde a segundo año de Cuitláhuac García y tercero de Ayuntamientos

- Dictamen correspondiente se someterá a votación el último día de octubre

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 29/09/2021

alcalorpolitico.com

Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), entregará este jueves a las 11 de la mañana los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2020, la segunda del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la tercera de las actuales administraciones municipales.

Se entregará al Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.

Dicha Comisión hará un análisis de los Informes y de considerarlo necesario, podrá solicitar al ORFIS las explicaciones pertinentes para aclarar o profundizar el contenido, sin que ello implique la reapertura de los mismos.

Posteriormente elaborará el Dictamen para someterlo a votación, a más tardar el último día del mes de octubre.

Cabe recordar que el pasado 29 de julio, González Cobos entregó la Cuenta Pública 2019 con dos años de retraso debido a las prórrogas que se concedieron ante la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2.

El Pleno de Diputados la aprobó con 36 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones con un presunto daño patrimonial superior a los 460 millones de pesos en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, detectado en 3 Dependencias estatales, 35 Organismos Públicos Descentralizados, 3 Fideicomisos y 4 Órganos Autónomos.

En el Poder Judicial hay un presunto daño patrimonial por 90 millones 15 mil 635.13 pesos, de los cuales, 85 millones 514 mil 709.98 pesos corresponden al Consejo de la Judicatura y 4 millones 500 mil 925.15 pesos al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Y en 210 Ayuntamientos, el presunto daño patrimonial es por 2 mil 26 millones 637 mil 885.88 pesos, el más grande de la historia de la fiscalización de Veracruz.

Ahora, el ORFIS ha iniciado los procedimientos de investigación y de sustanciación para que los entes observados intenten solventar los señalamientos de daño patrimonial.