País de mentiras: el TLCAN y la reforma educativa

Estamos tan acostumbrados a que los gobernantes nos mientan que posiblemente la mentira sea ya parte de la cultura nacional. El discurso público –dice Sara Sefchovich- tiene poco que ver con los datos de la realidad obtenidos por académicos, científicos, intelectuales y ciudadanos de a pie. Lo que experimentamos y vivimos cotidianamente los ciudadanos no es lo que nos dicen que es.

A partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habla, desde el poder, de continuas reformas a la educación con el objetivo declarado de elevar la calidad de la misma. Si atendemos al discurso de los políticos escucharemos contundentes afirmaciones sobre la necesidad de que los mexicanos tengamos una educación de excelencia y también, nos enteraremos de los diversos programas que el gobierno aplica para lograr tal objetivo.

Pero la realidad es otra: con el afán de complacer a sus amos –léase el imperio norteamericano– los miembros de la clase política mexicana intentan darnos gato por liebre, pues la verdad es que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá, la vida nacional en su conjunto se ha moldeado en consonancia con los objetivos económicos de este tratado que sólo benefician a las corporaciones transnacionales protegidas por el gobierno estadounidense.

Relata el doctor Hugo Aboites, investigador de la UAM: “El objetivo de los negociadores de Estados Unidos (y menos traslúcido el de las cúpulas empresariales mexicanas) no se reducía a la integración económica, también era claro el interés por la integración más profunda, educativa y cultural.” (H. Aboites: La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia (1982-2012). UAM-ITACA, 2012).

Tal objetivo siempre ha sido reconocido por altos jerarcas estadounidenses, como Josep Duffey, director de la Agencia Norteamericana de la Información quien, en su momento, afirmó que “la integración económica sin la profundización de nuestra dimensión educativa y cultural conlleva un riesgo inaceptable: un choque de valores que bien podría llevar a más desacuerdos que los que podríamos haber tenido sin el TLCAN; por tanto debemos profundizar y ampliar nuestra asociación en el campo cultural.”

Bastaría con analizar el articulado del TLCAN –como rigurosamente lo hace Aboites en el libro citado– para darnos cuenta de que todo lo que el gobierno mexicano ha presentado como iniciativas novedosas para impulsar la educación se desprende directamente de dicho tratado: desde la implantación de “modernos” sistemas de evaluación educativa (CENEVAL, INEE, ENLACE, etcétera), la fracasada Alianza por la Calidad de la Educación, hasta la reciente Reforma Educativa propuesta por Enrique Peña Nieto, no son sino esquemas cuya implementación demandan las corporaciones transnacionales y el empresariado mexicano.

Todo con el fin de desmantelar la educación pública en el país y empujar hacia su privatización. Es fácil darse cuenta, simplemente acudiendo a la realidad reflejada en las estadísticas que, a pesar de todas estas iniciativas, la calidad educativa en todos sus niveles se ha deteriorado en un grado alarmante.

Un dato más que hay que tomar en cuenta es que la agenda para la evaluación educativa –exigencia del TLCAN– no fue producto de la discusión entre los actores de la educación superior mexicana, o de alguna iniciativa de los consejos universitarios o sectores sociales interesados. El origen directo fueron las negociaciones de los representantes de los ministerios de economía y comercio de Canadá, Estados Unidos y México, asesorados los negociadores mexicanos por un grupo de representantes del sector privado de la educación y funcionarios de la SEP. Esas negociaciones se llevaron a cabo en completo secreto no obstante que se trataba nada menos que de ajustar las prácticas educativas mexicanas al marco del mentado tratado. Además el contenido de las discusiones fue objeto de una sistemática desinformación para que no se conocieran las implicaciones del TLCAN para la educación.

Quienes tuvieron una participación especial en esos días de negociación que decidieron el futuro de la educación superior mexicana fueron personajes con especial interés en desarrollar un aparato de evaluación en México y, en concreto, en la creación y desarrollo del CENEVAL, empresa privada que, por cierto, rinde muy buenas ganancias.

Entre esos personajes destacan Rafael Rangel Sostmann, rector del Instituto Tecnológico de Monterrey (1985-2010), Antonio Gago Huget, socio fundador y director de CENEVAL, y Víctor Arredondo Álvarez, rector de la Universidad Veracruzana (1997-2004), también socio de CENEVAL…
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