Pandemia deja 22 millones más de pobres en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que, derivado de la pandemia, la tasa de pobreza extrema en Latinoamérica se situaría en un 12.5% y la tasa de pobreza alcanzaría el 33.7% para 2020. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones, 22 millones más que el año anterior; de ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El recién presentado informe Panorama Social de América Latina refiere que, pese las medidas de protección social de emergencia que se han adoptado para frenar la crisis derivada del COVID-19, la pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente, y la mayoría de los países experimentarán un deterioro distributivo.

“La contracción de la actividad económica generada por la pandemia, y las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo y reducción de los ingresos laborales, provocarán también un crecimiento del conjunto de los estratos de ingreso bajo, así como un proceso de movilidad descendente en los estratos de ingreso medio. Esto se debe a que las familias de los estratos medios y de la parte superior de los estratos bajos obtienen sus ingresos principalmente a partir del trabajo, sobre todo asalariado, y no suelen ser destinatarios de las políticas y los programas de protección social”.



“De un total de alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios y que en 2020 estarían viviendo un proceso de movilidad económica descendente, poco más de 25 millones de personas lo habrían hecho sin dejar de pertenecer a los estratos medios, en tanto que algo más de 3 millones habrían caído directamente en la pobreza o pobreza extrema y los restantes, al estrato de ingreso bajo que no llega a situarse por debajo de la línea de pobreza”.

Respecto al efecto de la contingencia sobre la distribución del ingreso de los hogares, los especialistas de la CEPAL consideran que un primer factor que debe considerarse es la pérdida de ingresos laborales debido a la interrupción del empleo. “De acuerdo con las proyecciones, el aumento de las personas que dejarían de percibir ingresos laborales en el primer quintil alcanzaría los 5.7 puntos porcentuales, valor que disminuiría apreciablemente en los quintiles subsiguientes. En el quinto quintil, se prevé que la cantidad de personas sin ingresos aumentará 0.7 puntos porcentuales.

Un segundo factor a tomar en cuenta, exponen, es la disminución de los ingresos laborales de quienes han mantenido su empleo durante la pandemia, ya que la considerable reducción de la demanda y de las posibilidades de desempeñar las tareas habituales de su ocupación habrían redundado en una contracción del 15% del ingreso laboral promedio por ocupado. “Como resultado de las tendencias descritas, cabría esperar que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020”.



Además, los datos disponibles muestran que la crisis ha repercutido de manera desproporcionada en los trabajadores informales y las mujeres, pues su representación en parte de los sectores económicos más afectados es mayor, y la carga de cuidados no remunerados en los hogares se ha intensificado a raíz del cierre de los centros educativos, en una región que ya presentaba un déficit importante en este ámbito.

“Por su parte, las personas jóvenes, y, en particular, las mujeres jóvenes constituyen un grupo especialmente vulnerable a los efectos agregados de deterioro del mercado laboral. Asimismo, es posible que, en el futuro, el mercado laboral presente menos oportunidades para las personas mayores, cuya inserción laboral es muy importante para garantizar su bienestar en ausencia de sistemas universales de protección social. También es probable que las desigualdades étnicas y raciales, así como las vinculadas al territorio, la discapacidad o la situación migratoria, se incrementen en el mercado laboral en tiempos de COVID-19”.

La contingencia, indican, también ha puesto al descubierto las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar, y se está revalorizando el papel de la política pública, reconociendo el papel del Estado como actor clave e indispensable para responder a los desafíos actuales. “La pandemia representa así una oportunidad para tomar un nuevo rumbo de política pública, a fin de construir sociedades más igualitarias y resilientes, mediante la implementación de políticas universales, redistributivas y solidarias, con un enfoque de derechos”.



“En especial, se espera que en nuestra región la crisis ayude a generar un consenso en torno a la necesidad de construir verdaderos estados de bienestar, así como modelos sostenibles de producción y de consumo. Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, ambiental y económica”.

El organismo encabezado por Alicia Bárcena considera que esta puede ser una oportunidad para el cambio; pero para ir más allá de los buenos deseos, es importante plantear “con urgencia” la necesidad de un nuevo pacto social como instrumento político para un cambio verdaderamente estructural. “Como proceso, el pacto debería ser un intento explícito, representativo y participativo para abordar asuntos que no han tenido respuesta en los canales habituales, tendiendo así nuevos puentes entre la sociedad y el Estado”.

Además, puntualiza que las respuestas de protección social de emergencia adoptadas por los países deben articularse con medidas orientadas a fortalecer el estado de bienestar, para contrarrestar la pérdida de fuentes de ingresos laborales y sostener la demanda, al tiempo que se facilita el acceso a la salud. Son acciones clave el establecimiento de una garantía de ingresos, especialmente para la población en situación de pobreza y los trabajadores informales y precarios, así como el acceso universal a la atención médica, a los servicios básicos y a la alimentación adecuada.



“Los sistemas de protección social universales y sensibles a las diferencias son centrales para la reducción de las desigualdades, el avance hacia la inclusión social y el crecimiento inclusivo, y permiten atender la situación diferenciada que enfrentan diversas poblaciones, como los trabajadores informales, los grupos etarios más vulnerables como niños y niñas, personas mayores, los habitantes de áreas rurales, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad y los migrantes, entre otros”.

El organismo dependiente de Naciones Unidas también recomienda contabilizar los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos de participación laboral de las mujeres, bienestar de la población, redistribución de los ingresos y del tiempo, crecimiento de las economías y aumento de los niveles de recaudación.

Por ello, se debe contrarrestar la precarización de los empleos relacionados con este sector, mejorando las condiciones laborales y su formalización, así como fomentar la incorporación de nuevas tecnologías, la capacitación y la certificación de competencias en el sector de los cuidados, concluyen.