Pandemia y pobreza

Hay dos maneras de observar la situación de pobreza de la población, una refiere a la visión material que asocia cantidad de recursos disponibles que se tienen para adquirir bienes básicos para el hogar y las personas, lo cual relaciona ingreso monetario con consumo para satisfacer necesidades de alimentación y establece para su medición un umbral básico de ingreso permisible; cuando las personas están por debajo de ese mínimo, se considera se encuentran en un estado de pobreza. La otra consideración de pobreza es más amplia y visualiza dicha condición desde una concepción integral, puesto que no se reduce a la carencia sólo de un ingreso monetario para adquirir alimentos, sino también a la situación de falta de bienestar general que comprende vivienda, educación, salud, seguridad y servicios como son agua potable y energía eléctrica. La primera visión mide la pobreza teniendo en cuenta el nivel de ingreso monetario mensual que permita adquirir los alimentos que garanticen el consumo de calorías y proteínas mínimo para alimentar a una persona. La segunda manera de percibir la pobreza es multidimensional y refiere a la carencia de un ingreso básico suficiente que permita estar bien alimentado más aquellas necesidades que implican condiciones para acceder a la buena salud, educación que garantice un adecuado nivel de preparación para la vida laboral y social, seguridad en su entorno y, algo que Amartya Sen señala como fundamental, tener autoestima, lo cual implica estar o no bajo situación de pobreza intelectual.

En México se percibe la pobreza bajo el primer supuesto y se mide a partir del ingreso que permite adquirir los alimentos establecidos en la llamada “canasta básica”, cuando la pobreza multidimensional “no monetaria” proyecta privaciones cuya intensidad se refleja con marcada incidencia en la educación, elemento que es esencial para superar situaciones de privación, rezago y marginalidad. Esta situación afecta a todas las personas durante su ciclo de vida. En la niñez cuando no tienen oportunidad de asistir a preescolar (etapa infantil fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo que se verá reflejada en la adolescencia) o dejan de asistir a la primaria; en la adolescencia cuando el desaliento influye en la falta de asistencia escolar con repercusión en el futuro escenario cognitivo, emocional y laboral; en la edad adulta porque la deficiente escolaridad los enfrenta al desempleo o subempleo con bajos ingresos y carencia de seguridad social y en los adultos mayores que quedan fuera de la esfera de posibilidad laboral, no sólo por la edad y situación de salud, sino también por la precaria formación educativa.

Diversos estudios realizados en América Latina entre 2002 y 2016, muestran que la situación de desigualdad tiende a disminuir en la medida en que aumenta el nivel educativo, pues este contribuye a la posibilidad de acceder a mejores empleos o desarrollar habilidades cognitivas y operativas esenciales para el autoempleo, lo cual repercute en un mejor ingreso que aminora la desigualdad monetaria. En el caso de Perú, por ejemplo, entre 2004 y 2014, la reducción de la desigualdad fue del 28% y hubo un aumento de 6.3% de personas que accedieron a un trabajo productivo, uno de los factores principales para superar la situación de pobreza. Si bien entre 1990 y 2016 se observa una ligera tendencia al decremento de la desigualdad monetaria en México, según datos del Banco Mundial, esta perspectiva de mejora se veía, y sigue así, obstruida por la creciente tasa de desempleo. En 2006 el desempleo fue de 3.20%, porcentaje que aumentó en 2011 a 5.30% para después empezar a disminuir, año con año, hasta llegar a 3.10% en 2019. Sin embargo, por efecto de la caída de fuentes de empleo resultado de la pandemia de COVID – 19, juntamente con la errática acción instrumentada para solventar la situación de salud, económica y educativa, el desempleo volvió a incrementarse para situarse, en noviembre de 2020, en 4.5% y se prevé que aumente a 5.8% en 2021. El desempleo, entre otras causales, tiene relación con la desigualdad de oportunidades para acceder a un empleo bajo condiciones favorables que permitan superar los umbrales de pobreza. Lo cual, a su vez, depende de la dinámica de la economía. Si ésta crece más rápido que la población, el desempleo se reduce; por el contrario, si decrece por debajo de la dinámica demográfica, el desempleo aumenta afectando con mayor intensidad a la población de entre 15 y 24 años. La paradoja en todo esto resulta del hecho de que en una economía donde predomina la actividad mercantil y de servicios, pero sobre todo con fuerte presencia del comercio informal como lo es nuestro país, los desocupados sin estudios de secundaria son en menos proporción que aquellos que cuentan con estudios superiores. Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), reportan que en noviembre de 2020 el 16.4% de los desocupados no tenían estudios completos de secundaria, en tanto que el 83.6% de los desempleados tenían nivel de bachillerato y educación superior. Situación que se agravará con la caída de la actividad productiva en varios sectores por los efectos derivados de la pandemia, la contracción de la actividad turística, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la reducción de espacios laborales en el ámbito público y el menoscabo de incentivos para invertir en sectores de alta productividad que son espacios de empleo para jóvenes con estudios de nivel medio superior y superior. Ante esta realidad se requiere alentar el funcionamiento del mercado laboral para transitar del desempleo al empleo, impulsar programas de capacitación que permitan a las personas desarrollar o adquirir habilidades intelectuales y operativas requeridas por las empresas, sean éstas públicas o privadas, y articular los programas sociales de superación intelectual del capital humano con el mercado laboral. La mera transferencia pública de recursos a jóvenes, no va a contribuir a reducir la brecha de la pobreza entre generaciones, pues como lo indica el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la población está envejeciendo rápidamente y los costos de este tipo de programas van a debilitar el sistema contributivo al desalentar el empleo formal, la inversión productiva y el crecimiento productivo, favoreciendo, en última instancia, al empleo informal que recibe los beneficios sin pagar salarios por ello.