Para dar autonomía al Poder Judicial, plantean que Gobernador ya no proponga Magistrados

Para evitar hechos tan lamentables al interior del Poder Judicial de Veracruz a causa de la imposición de una Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, cuya actuación paralizó la actividad jurisdiccional que obligó al Pleno de togados a destituirla, es necesario poner a discusión la posibilidad de quitarle al Gobernador la facultad de proponer Magistrados y transferir esa potestad a los mismos togados.

Al señalar lo anterior, el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, pidió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a impulsar una reforma a la Constitución Política local, sin embargo, para ello se requiere de voluntad política y tener una verdadera visión democrática.

Expuso que actuaciones como la de Sofía Martínez Huerta ya no deben repetirse en un Poder que siempre es acotado por el Gobernador en turno que lo convierte en una agencia de colocaciones para el pago de facturas y compromisos.



Aseveró que para darle la verdadera autonomía al Poder Judicial, es necesario reformar el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz que hoy en día señala, “los Magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquel se reúne y da la aprobación definitiva”.

Propone que la modificación sea quitar “a propuesta del Gobernador del Estado” para anexar “a propuesta del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia”.

Con lo que, aseguró, se lograría que el Poder Judicial únicamente deba estar sometido al imperio de la ley y a su interpretación jurídica de normas, principios, valores y derechos.

Y de esta manera, sus operadores, jueces y magistrados deben actuar de manera ética y digna, desvinculados de simpatías y antipatías y que los servidores judiciales sean distinguidos por su honorabilidad, capacidad profesional y académica y que actúen con honestidad y rectitud, con pleno conocimiento de la ciencia jurídica y una sólida carrera judicial.