Para la asignación de obra pública, constructoras deben estar certificadas y obligadas a dar mantenimiento

A partir de la aprobación de la nueva Ley Estatal de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma –que se presentaría en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local- se buscará que todas las empresas constructoras estén plenamente certificadas, pero además que aquel que construya, dé mantenimiento.

Asimismo, contempla la figura del arbitraje que servirá para resolver conflictos en caso de que no se concluya la obra en tiempo y forma y conforme a la calidad exigida.

El diputado local priista Américo Zúñiga Martínez, quien espera que en noviembre próximo pueda presentar al Pleno la propuesta del nuevo ordenamiento legal, señaló que a través de la misma se está haciendo que sea necesaria la certificación de las empresas, fundamentalmente de las veracruzanas para la participación de la obra pública.

Negó que las modificaciones obedezcan a las irregularidades que se registraron en el sexenio pasado donde cientos de constructoras incumplieron, “tiene que ver con un mejoramiento e innovación en nuestro marco normativo”.

Aseguró que la nueva propuesta de ley contiene métodos alternativos de resolución de conflictos, pues consideró que el juicio no es el único camino o mecanismo por el que se pueden devolver las garantías.

Explicó que el árbitro en un conflicto de intereses podría ser el gobierno del estado o una institución que acuerden entre las partes.

Resaltó que hace 20 años que no se hacían modificaciones importantes a la Ley Estatal de Obra Pública, por lo que se tratará de hacer prácticamente una nueva ley que permita tener un ordenamiento integral.

Para empezar, dijo, deja de llamarse Ley Estatal de Obra Pública para llamarse Ley Estatal de Obra pública y Servicios relacionados con la misma.

En la cual se están separando ambos rubros y se están incorporando métodos de resoluciones, alternativas para los conflictos derivados de la obra pública, la incorporación de la utilización de los servicios electrónicos tanto de contratación como de pago para agilizar y transparentar todos los mecanismos de obra pública.

Asimismo, fomentar la transparencia de la misma, elevar la calidad de la obra pública, para lo cual se está proponiendo no tan solo que se especifiquen los tipos de contrato o construcción, sino de construcción y mantenimiento para obligar a los constructores a que hagan obra pública de calidad desde el principio.
El priista indicó que la nueva ley está incorporando políticas públicas necesarias, es decir que haya espacios dentro del contrato para personas discapacitadas y accesos amigables.

“Es una ley que protege en todo momento la viabilidad, la calidad y la transparencia del proceso de obra pública”, apuntó.

Américo Zúñiga Martínez destacó que la característica más importante es el sustento, la base y el apoyo ciudadano, pues es una ley que se hizo de diversos foros y estudios, pero además se integrará lo que se determinó en los colegios de abogados, arquitectos, ingenieros, y también se tomará en cuenta lo que proponen la CMIC y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana.

“Se debe privilegiar la capacitación y la certificación de las diferentes empresas constructoras para evitar a las que no estén registradas o no tengan un currículum viable y así estén participando en igual de condiciones con todas las demás”, resaltó.