Párrocos advierten que continúa exploración minera en Alto Lucero

La exploración en la mina de Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, no se ha detenido y, contrariamente, las acciones de coerción a la gente para que vendan sus tierras son cada vez más fuertes y violentas, informaron autoridades eclesiásticas de la zona.

A decir de los párrocos de las iglesias de Mozomboa, Urbano Domínguez, y Andrés Hernández Solano, de la parroquia de Actopan, continúa la etapa de exploración y por ende el saqueo desmedido en la zona para realizar la minería de a cielo abierto.

Coincidieron en que además del desplazamiento existe otro problema más grave todavía, que es la contaminación ambiental que va a producir la explotación minera.



El sacerdote Andrés Hernández Solano dijo que el problema se extiende porque abarca de la zona costera los municipios de Actopan, Alto Lucero, Juchique de Ferrer, Colipa, Chiconquiaco, Tatatila.

“Si empiezan con La Paila, es el inicio de la devastación de la Sierra, además de la contaminación que traerán consigo muchas enfermedades por la toxicidad de los químicos que se usarán”, sostuvo.

Posterior a la realización del foro “Un planeta consciente para un ambiente suficiente”, el sacerdote católico Urbano Domínguez sentenció que el actuar de las autoridades de los tres niveles de gobierno se ha quedado en el discurso, ya que las acciones siguen su curso.



“Queremos que se cancelen los proyectos mineros en esa región central de Veracruz, la contaminación sería tremendísima y esto no dicho por nosotros, sino por técnicos, científicos, de la UV, INECOL”, apuntó.

Recordó que en el libro “Cerro La Paila, inviabilidad de la minería tóxica en Veracruz”, se publican estas ponencias de voces especialistas, que dan cuenta de la devastación que causaría la instalación de la minera.

“En los hechos, los ciudadanos siguen teniendo sus dudas fundadas porque los mineros siguen ahí, siguen coaccionando a la gente con dinero para que les vendan sus tierras, sacando permisos de paso de manera agresiva. Incluso hay denuncias que no se han atendido”, detalló.



“Siguen allí de manera agresiva, no violencia física, sino agresión institucional, económica, que nos hace pensar que no se quieren ir y piensan no irse, porque tienen la concesión federal”, señaló.

Finalmente, lamentó que no haya respuesta certera de las autoridades ni de toda la gente, “porque no tiene la suficiente conciencia del problema que se le viene encima; sólo piensan que habrá dinero y trabajo, pero no se toman en cuentan los contras que son grandes y graves”.