El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Geiser Manuel Caso Molinari, rechazó que este organismo fuera omiso a la hora de aplicar medidas cautelares para el reportero asesinado Pedro Tamayo Rosas.
En entrevista, afirmó que, aunque la situación es compleja, brindaron protección “de la manera que la pudo aceptar el periodista”.
“Aquí lo importante es también reflexionar en el sentido de que, si se les está avisando del riesgo alto que hay, acepten estos mecanismos que son los máximos que podemos otorgar”, dijo.
Caso Molinari reconoció que la reubicación es de las medidas más invasivas a la actividad periodística, pero ante el contexto que se vive es una medida adecuada.
“Sólo que no se puede obligar al periodista para que lo haga, fue decisión de la familia, ella (la esposa de Tamayo) les puede explicar que estaba completamente enterada de la situación”, indicó.
El funcionario recordó que en enero pasado el reportero fue amenazado y por esto se activaron los mecanismos de protección, por lo que se pasó al departamento de evaluación de riesgos.
Detalló que ahí se dictaminó que la medida más idónea era la reubicación toda vez que el dictamen señalaba un riesgo muy alto.
“Esto se notificó a Pedro y a la familia y los reubicamos dentro de la entidad, donde estuvieron durante algún tiempo”, enfatizó.
Pero debido a que continuaba el riesgo fueron trasladados al norte del país; sin embargo, a pesar de las recomendaciones, “ellos deciden regresar a Tierra Blanca, donde de nueva cuenta fueron informados del riesgo”.
De acuerdo a Caso Molinari, la familia decía no sentirse en algún riesgo y que para ellos reubicarse era medida fuera de lugar. Ante esto, se les explicó que lo que procedía era una responsiva en donde ellos por voluntad propia deseaban regresar a Tierra Blanca.
El secretario de la CEAPP señaló que firmaron responsiva y aunque se les recomendó que mantuvieran otro tipo de protección sólo quisieron patrullaje, rondines, enlace y monitoreo dentro de este sistema.
"Ellos no señalaron ningún incidente o amenaza posterior, incluso las medidas las sentían bien, los policías estaban continuamente con ellos, toda la atención que se les brindaba era adecuada; sin embargo, ocurre este asesinato".
“Hablamos la misma noche del miércoles con Alicia y consideramos que solicitáramos el apoyo a la FGE para que a través de la Policía Ministerial tuvieran escolta, lo que aceptó”, dijo.
El funcionario afirmó que ahora continuarán con la asesoría jurídica, dando seguimiento a la investigación sobre el homicidio.