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PEMEX no es de los mexicanos es de Hacienda

- Es la caja del gobierno federal para no cobrar impuestos: Aguilar Camín - La democracia no da empleo ni equidad social, pero Tampoco la administración de la riqueza nacional por el Estado es garantía de justicia social - La cultura política mayoritaria del país es de pediches que hacen “mandones filantrópicos”

Norma Trujillo B?ez Xalapa, Ver. 19/10/2007

alcalorpolitico.com

El periodista, escritor, historiador y editor de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín afirmó que los políticos nos han vendido la idea que la paraestatal Petróleos Mexicanos es propiedad de todos los mexicanos, pero en realidad pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque es la manera en que los paternalistas no nos obligan a pagar impuestos y se convierte en el principal ingreso de recursos para el gasto público.

Al dictar una conferencia para la Cátedra Jesús Reyes Heroles, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios, de la Universidad Veracruzana, el autor de La guerra de Galio y Morir en el Golfo, comentó que la herencia del México corporativo está en todas partes, es un largo tejido de intereses clientelares, prendidos de una manera u otra a privilegios y prebendas que tienen su origen en el Estado.

El conductor de Zona Abierta refirió que no hay un solo negocio mayor de la economía mexicana que no esté en manos de monopolios u oligopolios, “el dominio de la economía por unas cuantas empresas que restringen o constriñen la libertad económica de los demás es antiliberal, la economía mexicana debe ser liberada de monopolios y oligopolios mediante la más simple de las recetas del liberalismo: la libre competencia”.

Lo mismo ha de decirse de los monopolios del Estado, dijo, cuya improductividad y corrupción, nadie controla realmente, y hacen perder a su dueño, que es el pueblo de México, más dinero de lo que uno pudiera imaginarse, “Pemex no es en realidad una empresa petrolera de los mexicanos, es la caja de recursos para un gobierno federal que no cobra impuestos suficientes para subvenir sus gastos”.

Así consideró que Hacienda sobreexplota al monopolio petrolero perpetuando año con año dos ineficiencias: la de no cobrar impuestos suficientes y la de dejar a Pemex sin dinero suficiente para su propio desarrollo, Pemex no es de los mexicanos, es de Hacienda.

Quien se autonombró Historiador por accidente, dijo que el México democrático permite ver cada vez con mayor claridad que la herencia antiliberal de México está llena de poderes fácticos que concentran derechos y obstruyen las libertades de otros.

Ante la presencia de académicos, estudiantes, historiadores y algunos políticos, el Premio Nacional de Periodismo 1986, comentó que “la democracia no sirve para nada salvo lo que arregla la democracia y yo apostaría más a que sirve para lo demás que no sirve”, al tiempo que agregó, que hay un desencanto por la democracia porque se le piden cosas que no da: crecimiento económico, empleo, equidad social, cuando lo que la democracia da son libertades públicas, gobernantes con plazo fijo, competencia política y eso es bastante”.

Aunque consideró que tampoco la administración de la riqueza nacional por el Estado es garantía de justicia social, “la constitución faculta al Estado mexicano con la menos liberal de las facultades que puedan imaginarse: la de imponer a la propiedad la modalidad que dicte el interés público, el uso y el abuso de esta facultad es el origen del gigantesco enredo de la propiedad rural que padecen los campesinos de México y de buena parte de los abusos que se han cometido con la propiedad urbana”.

El periodista señaló que entre mayores son los bienes que puede otorgar o arbitrar un Estado, mayores son las oportunidades de corrupción y abuso de los administradores públicos.

Las excesivas facultades de intervención del Estado mexicano son, por un lado, dijo, el espacio de la tentación patrimonialista, se apropia del patrimonio, de bienes, derechos y recursos públicos: llámense fondos del erario, expropiaciones, concesiones o cualquiera otra forma pública de lucro que se otorga a cambio de tratos y ventajas privadas.

Por eso, la administración de la riqueza nacional por el Estado no es garantía o instrumento de justicia social y por el contrario han aumentado, las historias desaforadas del patrimonialismo burocrático, cuyo espíritu resume como ninguna otra la frase canónica: “político pobre, pobre político”.

Y ante la propuesta que el estado se debe liberar, Aguilar Camín dijo que en el país hay dos Méxicos, uno entre las costumbres y los intereses del México liberal y las costumbres y los intereses del México corporativo, “ de un lado está el México que ejerce y quiere ejercer las libertades individuales básicas de tener, creer, comerciar, trabajar y producir y, de otro lado está el México que ejerce y quiere ejercer diversas cadenas de fueros y privilegios que impiden o constriñen las libertades de tener, creer, comerciar, trabajar y competir”.

La frontera entre ambos Méxicos es difusa, indicó, como nuestra cultura política, mezclada de valores liberales con reflejos estatistas y esto reside en la cultura política mayoritaria del país, en donde los mexicanos siguen mirando al Estado como el lugar de donde pueden venir mercedes y concesiones, no como el lugar de sus mandatarios legales sino como el asiento de sus mandones filantrópicos”.

Y esto debido a la tradición del paternalismo y del subsidio estatal que han dejado huella profunda en los hábitos ciudadanos inclinándolos, en su relación con el gobierno, hacia una actitud peticionaria, “acostumbró a su sociedad a pedir y a sus funcionarios a dar, medrando los que quisieran, mientras daban. Se estableció así una idea de lo público donde aparentemente nada costaba. Las finanzas del gobierno parecían un bien venido de ninguna parte, que nadie debía cuidar, del que todos podían echar mano cuando les tocaba administrarlo, o exigir su parte si estaban del otro lado del mostrador”.

La sociedad peticionaria .comentó- quiere recibir gratuitamente del gobierno todos los bienes: educación, salud, vivienda, tierra, seguridad, justicia, servicios. Su idea de la responsabilidad gubernamental es el subsidio; su exigencia, es la gratuidad, “quieren un gobierno que dé mucho y cueste poco, una especie de bolsa mágica que se llena sola y se vacía al ritmo de las demandas de los ciudadanos”.