Pese a críticas de Yunes, Congreso avala reformas a Ley de Pensiones de Veracruz

El Congreso del Estado aprobó con 42 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el dictamen con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 287 de Pensiones para el Estado;pese al rechazo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien declaró minutos antes que las modificaciones podrían impactar negativamente las finanzas del Estado.

Aunque se dijo “respetuoso” de la autonomía del Poder Legislativo, Yunes Linares señaló que no se realizaron los estudios actuariales necesarios y que los cambios se realizaron sin consultar a su administración; sin embargo,el proyecto contó con el aval de los legisladores de MORENA, PRI, PRD, del grupo mixto Juntos por Veracruz; así como de un diputado del PANAL, legisladores independientes y de los legisladores del PAN.

Entre los cambios que se realizaron está la modificación al Artículo 98, que establece que el Estado deberá delimitar en su presupuesto anual la cantidad necesaria para cubrir el déficit financiero del IPE.

“El Gobierno del Estado será garante solidario del déficit de recursos que tenga el Instituto para cubrir sus obligaciones; estableciéndose en el presupuesto de Egresos de cada año la cantidad necesaria para cubrir el déficit que se presente en ese año. El presupuesto asignado al Instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el Ejercicio que le precedió, de haberse presentado este supuesto”.

En otra de las modificaciones se obliga al IPE a contratar anualmente a profesionales certificados en la materia para realizar una auditoría, que permita conocer el manejo y los estados financieros del mismo y un estudio actuarial para conocer la situación del régimen que establece la Ley.

La Ley ahora también facultará al Instituto a otorgar préstamos, préstamos hipotecarios y financiamiento general para vivienda, de contar con disponibilidad financiera, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas.

Para dar transparencia a las finanzas del IPE se crean un Comité y una Unidad de Transparencia y un Comité Financiero, el primero para gestionar las solicitudes de acceso a la información y el segundo, para auxiliar al Consejo Directivo en la elaboración de políticas financieras.

El Consejo Directivo se ampliaría pasando de 13 a 15 miembros y quedaría integrado por ocho representantes del Gobierno del Estado, uno de ellos será el Director del Instituto, seis representantes de los organismos sindicales afiliados y un representante de las asociaciones de jubilados y pensionados.

En el Artículo 102 se estableció que el Ejecutivo, el Congreso, los integrantes del Comité de Vigilancia, las organizaciones sindicales y las asociaciones legalmente constituidas de pensionados y jubilados, tendrán la facultad de supervisar las cuentas del IPE.

Por su parte, un representante del Congreso local podrá asistir a las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto. Igualmente, los representantes de los organismos sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados durarán en sus funciones 6 años.

“Del total de los organismos sindicales que integran el Consejo Directivo, tres de ellos serán elegidos de los sindicatos que tengan una membresía mayor a los 5 mil afiliados y los tres restantes se elegirán de entre los que tengan una membresía que oscile entre los 500 y 5 mil afiliados”.

Por parte de los pensionados y jubilados que integrarán el Consejo Directivo, se elegirá a quien cuente con más de 100 afiliados y cumpla con los requisitos que establece el Instituto; además de que se renovará cada 3 años, al igual que los representantes sindicales.

De la misma forma, considera como sueldo de cotización la remuneración mensual que recibe el trabajador, misma que se integrará con el sueldo presupuestal; así como el estímulo fijo por carrera magisterial y estímulos del Programa de Promoción en la Función por Incentivos y las previsiones que ya estaban contempladas en la Ley.

A partir de ahora se establece que tratándose de trabajadores de confianza podrán ser sujetos al régimen de pensiones, pero este reconocimiento no podrá ser por un lapso mayor a 5 años de servicio antes de conseguir su base. Entre otras de las modificaciones, se establece que los trabajadores que ocupen cargos de elección popular no perderán los beneficios que otorga la Ley; siempre que se cumpla con el pago de cuotas y aportaciones respectivas.

Las modificaciones a la Ley aclaran más requisitos para el otorgamiento de la pensión por invalidez, quedando sujeto a lo que ya establecía la norma y señalando que será necesario el dictamen de uno o más médicos designados por Instituto o en su caso, que sea emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En caso de mora en la entrega de cuotas, el Artículo 105 marca que las aportaciones y descuentos señalados, el Gobierno del Estado y los Organismos Públicos Incorporados cubrirán, a partir de la fecha en que los créditos sean exigibles, la tasa de interés más alta que exista en el mercado financiero como recargo sobre las cantidades insolutas.

En la justificación se establece que según el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) el IPE presentó un superávit o déficit a partir del año 2010 equivalente a 928 millones de pesos, 556 millones de pesos para 2011, 469 millones de pesos en 2012, 330 millones de pesos en 2013, 438 millones de pesos en 2014, 367 millones de pesos en 2015 y 951 millones de pesos en 2016. En los últimos dos años, según el gobernador Miguel Ángel Yunes, el déficit ronda los 2 mil 500 millones de pesos anuales.

Lo anterior como consecuencia del desequilibrio ocasionado principalmente por el bajo número de trabajadores activos y el valor de las cuotas que realizan; así como el incremento de los jubilados y la percepción de pensiones superior al monto y tiempo que cotizaron los trabajadores activos.

Durante la discusión del dictamen los legisladores destacaron que la iniciativa con proyecto de decreto fue elaborada con 23 organizaciones sindicales, aparte de pensionados y jubilados; no obstante, el Gobernador anunció que estará sujeta a revisión.