Pese a la falta de probidad de algunos notarios, la ley los protege

El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, Antonio Barat Pérez, reconoció que a lo largo de la historia de las notarías en el estado, nunca se ha sabido que a un notario se le retire la concesión de la fe pública por parte del gobierno del estado por haber sido sancionado por un juez.

Dijo que pese a que abogados veracruzanos pueden dar cuenta de los casos en donde algunos notarios han incurrido en actos indebidos al momento de dar fe de un hecho, es el Ministerio Público quien al tener el monopolio de la acción penal, no la ejerce, ello debido a que en primer término, esta instancia depende del Poder Ejecutivo que es quien otorga las concesiones a los notarios, y en segundo término, la ley es omisa en precisar cuándo sí existe responsabilidad en los fedatarios.

“Sexenios van y sexenios vienen y nunca se ha visto que a un notario se le retire la concesión por haber incurrido en irregularidades en su función.”

Dijo que el hecho de que se otorguen concesiones de este tipo a abogados faltos de ética tiene como consecuencia que se trastoque la fe pública, ya que en muchas ocasiones no corresponde al espíritu para lo que es otorgada.

Barat Pérez explicó que uno de los casos más comunes de irregularidad en los que incurren los notarios es en dar fe de hechos que no les consta debido a que éstos se registraron fuera de su demarcación notarial.

“¿Cómo es posible que den fe de un hecho que no les consta? Hacen constar un hecho que podría ser una simulación.”

Mencionó que un ejemplo de este tipo de casos son las informaciones testimoniales a través de las cuales asientan hechos que no ocurrieron o que ocurrieron parcialmente y por tanto son verdades a medias.

El litigante observó que este tipo de acciones realizadas indebidamente, ha lesionado los derechos e intereses –generalmente- de propietarios de bienes muebles- quienes han tenido que iniciar un proceso civil ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes para tratar de rescatar su patrimonio, ello a través de un juicio de nulidad.

Sin embargo, cuando al obtener sentencia a favor el agraviado, al acudir a denunciar ante el Ministerio Público los hechos que pudieran haberlo dejado sin sus bienes, la representación social no procede contra los notarios, quedando de este modo impune su actuación sin que nadie les diga nada.

Antonio Barat explicó que otra acción irregular comúnmente realizada por los “malos” notarios es no inscribir debidamente la identificación de los testigos que menciona en los documentos elaborados tales como testamentos o testimoniales, y sólo ponen la leyenda “es persona conocida del notario”, a esto el abogado cuestionó “¿cómo es posible que el notario conozca a toda la gente?”

Esta acción da lugar a sospechas sobre todo en el sentido de que la información plasmada en el documento acerca de los testigos es falsa o parcialmente falsa.

“Tenemos asuntos increíbles de esto.”

Mencionó que otras acción irregular más que comenten algunos notarios es la elaboración de escrituras o testimoniales acerca de una propiedad sin cerciorarse con antelación de los antecedentes de propiedad del bien mueble, tendiendo la osadía de lograr su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que vulnera los derechos del legítimo propietario, teniendo éste que recurrir a un juicio para recuperar su propiedad.

Dijo que lamentablemente hasta el momento esos notarios que ejercen la fe pública de acuerdo con sus intereses continúen al frente de una notaría pese al perjuicio que ocasionan a la sociedad y consideró que antes de haber aprobado el otorgamiento de más concesiones, el Ejecutivo debería realizar una revisión de la actuación de los notarios y retirarle la concesión a quienes no ejerzan su función debidamente “que le pregunten a los abogados y a los ciudadanos nada más”.

En este sentido el Colegio de Notarios ha hecho caso omiso de las quejas que ha recibido en contra de notarios que presuntamente han actuado en perjuicio de los intereses de los quejosos, pues la excusa es que ellos actúan de buena fe por lo que sólo reciben una observación pero nunca una sanción.

Por otra parte, el Registro Público de la Propiedad de Xalapa da cuenta de las órdenes de cancelación de inscripciones de escrituras y testimoniales emitidas por los jueces civiles, ello derivado –en la mayoría de los casos- de juicios de nulidad iniciados en contra de acciones irregulares cometidas por notarios que dieron origen a documentos que ponían en riesgo el patrimonio de los legítimos propietarios.