PGR sí reclasificó delitos contra Duarte; ya no va por delincuencia organizada

La Procuraduría General de la República (PGR) reconfiguró su acusación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para modificar delincuencia organizada por asociación delictuosa.

Cerca de las 23:30 horas de ayer martes, la dependencia presentó formalmente la acusación contra el exmandatario por este delito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El cambio de delincuencia organizada, por el que se prevén de 20 a 40 años de prisión, a asociación delictuosa, al que le corresponden de 5 a 10 años, se debe a que en el caso contra Duarte no se cumplen los elementos previstos en la ley para que pueda ser sentenciado por ese delito.

En julio de 2017, Duarte fue vinculado a proceso acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

De acuerdo con la Constitución, de estas dos acusaciones solamente el delito de delincuencia organizada ameritaba prisión preventiva oficiosa, es decir, "automática"; por lo que la defensa del exmandatario podría solicitar ahora el cambio de medida cautelar que lo mantiene en el Reclusorio Norte.

No obstante, al exgobernador también le fue impuesta la prisión preventiva "justificada" por el delito de lavado, en razón del riesgo de fuga que representa. Siendo así, dependería del Juez si cambia esta medida para que enfrente su proceso en libertad.

Pese a esto, Duarte también es acusado de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y coalición por parte de la Fiscalía de Veracruz y por este caso de igual manera se le determinó prisión preventiva por la autoridad judicial de la Ciudad de México. De esta forma el exgobernador, por lo pronto, permanecerá en prisión.

Según el abogado de Javier Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, en cuanto el Juez le notifique a la defensa la acusación de la PGR, cuenta con 10 días para responder y presentar pruebas.

Posteriormente, el Juez fijará fecha para la audiencia de etapa intermedia en la que analizará las pruebas y decidirá por qué delitos ordenará la apertura de juicio oral.

Duarte fue vinculado a proceso porque según los 82 datos de prueba presentados por la PGR, entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 ordenó el desvío de 438 millones de pesos para la creación de empresas "fantasma", la adquisición de bienes muebles e inmuebles, joyas y la realización de depósitos bancarios en cuentas radicadas en Suiza.

La investigación en su contra derivó de una denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero el exmandatario permaneció prófugo durante seis meses hasta que en abril de 2017 fue detenido en Guatemala, país desde donde fue extraditado en julio siguiente.

La PGR refirió que entre sus pesquisas detectaron depósitos en diversas cuentas bancarias en Suiza, por lo que mediante cooperación internacional a través de la Confederación Helvética solicitaron información sobre la ruta del dinero en dicho país.

Por este caso han sido sentenciadas las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes según la PGR, constituyeron la empresa Brades, S. A. de C. V., utilizada para efectuar diversas transferencias de dinero público a las cuentas de testaferros de Duarte de Ochoa.

Las hermanas recibieron condenas de tres años y cuatro meses en prisión, debido a que admitieron su responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Entre los datos de prueba ofrecidos por la PGR están los testimonios de Alfonso Ortega López, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz y de José Juan Janeiro Rodríguez; también presentó escrituras relacionadas con la compraventa de 21 parcelas ejidales en Lerma, Campeche.