Piden foros y análisis ante propuesta de anular elecciones por violencia política de género

La iniciativa para reformar al artículo 396 del Código Electoral del Estado de Veracruz para incluir la violencia política de género como causal de la nulidad de una elección debe de analizarse a fondo, señaló el magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enrique Figueroa Ávila.

Destacó que no puede dar una postura a favor o en contra, aunque sí señalar que se requiere un análisis profundo.

Dicha modificación es propuesta por la mayoría de las diputadas integrantes de la 65 Legislatura del Estado, quienes buscan incluir la máxima sanción a un proceso electoral cuando se registre un acto de violencia política en contra de una mujer.



Figueroa Ávila sostuvo que en el pasado ya se han registrado casos de violencia política y los magistrados han intentado sancionarla conforme lo permite la Ley.

"La nulidad de la elección es la sanción más grave a un proceso electoral, dicho de otro modo: los tribunales electorales tenemos la capacidad para que, si en un proceso a juicio de alguien hay conductas que puedan configurar violencia política por razón de género desde el inicio, desde que se empiecen a presentar, se deban tomar las medidas necesarias para reestablecer la situación y no prevalezca en el proceso electoral”.

Recordó que con la reforma Político-Electoral de 2014 las causales aumentaron y hoy abarcan además el hecho de rebasar gastos de campaña; por la adquisición indebida de tiempos de radio y televisión y cuando se detecta financiamiento con recursos provenientes de la delincuencia organizada.



“La materia electoral ha tenido en la experiencia una fuente importante de información y en el tema de nulidad de la elección, en la experiencia ha construido y ampliado el abanico (...). La experiencia ha ido alimentando las causales de nulidad y ahora, el 6 de junio, se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de paridad total”, recordó.

En el caso de que el Congreso incluya la violencia política de género como causal de nulidad, reiteró que las voces a favor y en contra requieren expresarse por medio de foros y de análisis, no obstante como parte de la Judicatura Electoral Federal no pueden tomar partido.

“Es un tema que es importante que se discuta, y como parte de la judicatura federal electoral no podemos tomar directamente un posicionamiento a favor o contra, porque somos los aplicadores de ese derecho”, argumentó.



En cuanto a la violencia política que se ha registrado en Veracruz aseveró que siempre han buscado el mayor restablecimiento o la mayor reparación para los afectados.

En el caso de la Sala Regional Xalapa, con jurisdicción en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, no se ha dictaminado nulidad de la elección por la violencia política de género, pero sí se ha abordado proyectos en donde sentenciados de ejercer violencia intentaron burlar la Ley.

Un caso alojado estuvo a cargo de la ponencia del magistrado Adín Antonio de León Galvéz, en donde presidentes municipales del estado de Oaxaca querían reelegirse con una sentencia en su contra por incurrir en violencia política por razón de género.



La Sala resolvió que con el fallo en contra de los aspirantes, los interesados no acreditaron un modo de honesto de vivir y por lo tanto, no podían presentarse a la elección.

En el caso de la Violencia Política de Género, el magistrado explicó que la sanción contra esta práctica proviene de una evolución iniciada desde 10 años atrás, con las denominadas “Juanitas”, quienes eran propietarias de cargos de elección popular y los heredaron a un suplente varón al solicitar licencia.



“Hemos caminado en la última década con pasos agigantados en el tema, desde el 2009 con las Juanitas y cuotas de género hemos avanzado en el tema de consolidar de que hombres y mujeres en la política puedan trabajar de forma respetuosa”.