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Sección: Estado de Veracruz

Plataforma de salarios lanzada por Gobierno federal no violenta protección de datos: IVAI

Yolli García descartó la petición que hiciera el Dirigente de la Sección 32 del SNTE que pidió a la SEV suspender la publicación de la plataforma del FONE

Rafael Meléndez Terán Xalapa, Ver. 22/04/2019

alcalorpolitico.com


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Los ingresos de los servidores públicos constituyen información pública aun cuando su difusión puede afectar la integridad, por lo tanto la plataforma de salarios que lanzó el Gobierno federal no violenta la protección de datos personales, confirmó la comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez.

Con lo anterior descartó por completo la petición que hiciera el dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lázaro Medina Barragán, quien pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) suspender la publicación de la plataforma del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Destacó que los trabajadores de la educación, desde un conserje hasta un maestro, que cobran un sueldo federal son funcionarios públicos y por lo tanto están obligados a dar a conocer sus percepciones.



Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un pronunciamiento en el que señala que si bien hay información confidencial que pueda poner en riesgo la vida, a la seguridad o la salud de cualquier persona, debe reconocerse que aun cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, ello no obsta para reconocer que es una obligación de transparencia.

Dijo que se han presentado incluso amparos donde los servidores argumentan que están en peligro su integridad y su vida y han solicitado que se “baje” la información, pero esto no puede proceder, dado que así se marca por la Ley de Transparencia.

“Es obligación de transparencia que la ciudadanía conozca cuánto ganamos los servidores públicos, incluso aun cuando haya la posibilidad de que esté en riesgo el propio servidor público. Estos criterios de la Corte tienen muchos años, son de 2003; lo que habría que replantear es si el Poder Judicial pudiera cambiar el criterio”, dijo.



García Álvarez afirmó que la ciudadanía siempre ha tenido un gran interés de saber cuánto gana un funcionario público, de ahí que la obligatoriedad de transparencia, sobre todo porque a los servidores públicos les pagan con recursos del erario público.