Población indígena la más vulnerable, la desinformación margina: Héctor Martínez

En entrevista a Héctor R Martínez Ortiz, Procurador del Menor en el DIF de Tantoyuca, dijo que en el municipio, en el que hay un alto índice de población indígena, con un grado de educación bajo, que la vuelve vulnerable, la desinformación margina, pues ‘tenemos un problema que afecta a los padres y por consecuencia a sus hijos, que son los que sufren.’

El programa implementado por el gobierno del estado de Veracruz, al instalar un consejo de protección de los derechos de los niños y las niñas, viene a ser benéfico, afirmó.

Piensa que si logramos difundir los derechos, los niños comienzan a acceder a más cultura, obviamente que tendrán mejor conocimiento de cuáles son sus alcances y cuáles son las medidas de protección que tienen para poder satisfacer sus necesidades.

Desde el punto de vista del entrevistado, a quienes se refiere cuando dice quienes son vulnerables, es la clase más humilde del municipio y con más dificultades para poder satisfacer sus necesidades.

Por lo que el conocimiento se torna una de las formas de la discriminación al pueblo indígena, por esto el programa adquiere mayor relevancia.

Abundó que por lo mismo tienen poco conocimiento de los programas que les ofrecen los gobiernos estatales, porque es difícil en este entorno difundir y que se lleguen hasta las clases más necesitadas.

Piensa que la migración está afectando también al pueblo indígena, porque todas las familias en las que falta el papá o la mamá, sufre alguna consecuencia y los niños son los más vulnerables.

Además de que en Tantoyuca hay quienes no enfrentan la manutención de los hijos, hay muchas madres solteras y de los casos que llegan al DIF, con más frecuencia es quienes piden el apoyo para que se promuevan peticiones alimenticias.

El Ayuntamiento para contribuir al apoyo de estas familias, dijo Martínez Ortiz, es difundir estos programas y derechos para que la gente acuda y pueda ir ante las instancias especializadas en su atención como el propio DIF y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia y es particularmente allí en donde deben resolverse.

En cuanto a la limitante lingüística, la que pudiera tener en materia de justicia la población que la tiene como única lengua, considera que sí debería haber mayor difusión de parte de las autoridades, en los programas en sus lenguas, o dialecto, como le llaman, en sus derechos ya que ‘a medida que ellos entienden sus derechos empiezan a exigirlos, también los adultos empiezan a entender si alguien no está cumpliendo o a qué instancia acudir para poder solucionar sus problemas.

Al funcionario le dio ‘mucho gusto’, según comentó, poder participar al integrarse en el consejo de defensa de los derechos de los niños y las niñas, por lo que ha descrito al respecto.