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Sección: Estado de Veracruz

Poder Judicial incumplió disposiciones legales en obras de Ciudades Judiciales

- En revisión de Cuenta Pública 2018, ORFIS no halló evidencias sobre presunto daño patrimonial

- Se investigará si hay responsabilidad de funcionarios o particulares en anomalías

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 26/09/2019

alcalorpolitico.com

En los procesos de Contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 Ciudades Judiciales del Poder Judicial de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no encontró evidencias de presunto daño patrimonial, pero sí inconsistencias e incumplimiento de las disposiciones legales.

De acuerdo al resultado de la auditoría de legalidad, en el marco de la revisión a la Cuenta Pública 2018, hubo nueve observaciones a los procesos de licitación y aunque se presentó la información y documentación para aclararlas, éstas fueron insuficientes, por lo que siete observaciones no se solventaron y dos se solventaron parcialmente.

El ente fiscalizador concluyó que durante el Proceso de Contratación de Asociación Público-Privada, se adoleció y se incumplió con las disposiciones establecidas por los artículos 16 y 18, de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Que los Procesos de Licitación LP/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018, LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018, LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, no se realizaron en apego a los principios de legalidad y transparencia

Y que el Expediente Técnico, presentado para solicitar al Congreso del Estado de Veracruz la autorización correspondiente para realizar la adición de cuatro Ciudades Judiciales, al Proyecto de Asociación Público-Privadas, incumplió con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, de la Ley Número 300 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ese sentido, se concluyó que “deberá determinarse por parte de la autoridad investigadora del ORFIS, mediante el procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si existen irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la revisión; lo anterior, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, en materia de responsabilidades administrativas”.



Cabe recordar que, en septiembre de 2017, el Poder Judicial fue autorizado por el Congreso del Estado para la Contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 Ciudades Judiciales en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

Sin embargo, en enero de 2018 solicitó autorización para anexar otras cuatro ciudades judiciales en Álamo-Temapache, Tampico Alto, Naolinco y Las Choapas.

Los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderán a la cantidad de hasta 5 mil 100 millones de pesos, más impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento.



Mientras que el monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 17 millones de pesos, mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).

Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los contratos de asociación público–privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda.