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Sección: Estado de Veracruz

Poder Judicial no pagó por Ciudades Judiciales de Martínez de la Torre y Papantla

- Por cada una se tiene un adeudo de 50 millones 976 mil 501.90 pesos

- Pasivo se generó en 2020, durante administración de la expresidenta Sofía Martínez

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 14/10/2021

alcalorpolitico.com

Durante el Ejercicio Fiscal 2020 y en la administración de la exmagistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura (JC), Sofía Martínez Huerta, en el Poder Judicial se generó una deuda pública de 101 millones 953 mil pesos por incumplimiento de pago en los contratos individuales de construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales de Martínez de la Torre y Papantla.

De las obligaciones a cargo del Poder Judicial por concepto de los contratos de Asociación Pública-Privada (APP), el 4 de diciembre de 2020 de manera formal, mediante actas de entrega recepción, las empresas contratistas hicieron entrega de ambas Ciudades Judiciales.

Con base en el informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) relativo a la Cuenta Pública 2020, existe una obligación de pago que el Poder Judicial de Veracruz no ha atendido.



Por la obra de cada una de las Ciudades Judiciales se tiene un adeudo de 50 millones 976 mil 501.90 pesos.

Cabe mencionar que Edel Humberto Álvarez Peña, exmagistrado presidente del TSJ y del CJ, llevó a cabo la construcción de 21 Ciudades Judiciales mediante la figura de APP.

Los contratados fueron firmados para un periodo de 300 meses (25 años) contados a partir de la conclusión de las obras.



La cantidad contratada fue de 5 mil 100 millones de pesos y por ello, el Poder Judicial tiene que pagar mensualmente 17 millones de pesos.

Como resultado de la auditoría realizada en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública Consolidada del Poder Judicial de Veracruz, correspondiente al Ejercicio 2020, se realizaron una serie de observaciones, mismas que fueron notificadas mediante Pliego de Observaciones para que, dentro del plazo legal correspondiente, los servidores públicos o personas responsables presenten las aclaraciones y documentación soporte correspondiente.