Podrían hijos de alcaldesa de Álamo obtener registro para una UMA: Semarnat

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Molina Martínez reconoció que los hijos de la alcaldesa de Álamo, Blanca Batalla Herbert, podrían recibir el registro para contar con una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y de esta manera llevarse a casa los animales que le fueron incautados en días pasados.

Añadió que después de que se detectara en su domicilio la existencia de animales exóticos, “Si cumplen con todos los requisitos de ley son sujetos de derecho” y con esto tendrían el permiso de tenerlos y de que el lugar sea declarado UMA.

En entrevista, Molina Martínez aseguró que mediante facturas, los propietarios acreditaron la propiedad de los animales exóticos aunque esto no los exime de incurrir en una irregularidad al contar con animales protegidos.

“Si los animales cuenta con instalaciones correctas y al tener legal procedencia pueden acceder a una UMA… quien cumpla con los requisitos de Ley es sujeto a ese derecho”, detalló.

Informó que los trámites los están llevando a cabo desde las Oficinas Centrales de la Semarnat en la ciudad de México, ya que fue en dicha oficina en donde los hijos de la alcaldesa de Álamo iniciaron los trámites. “Lo que hicieron a nivel central es solicitar el registro de UMA en oficinas México y está en proceso, en cuanto hay animales de legal procedencia y hay requisitos para registrarse como UMA creo que es lo correcto”, destacó.

Molina Martínez reconoció que este trámite tiene un periodo aproximado de 40 días hábiles, por lo que será en su defecto la autoridad central la que determine si procede o no. “Si entregan todo en orden y correcto, calculo que en unos 40 días hábiles, entiendo que entre el 12 y el 20 de octubre hicieron la solicitud”, acotó.

Finalmente dijo que la dependencia a su cargo, la Semarnat, es una dependencia preventiva por lo que corresponde a su delegación fincar responsabilidad sobre la acción.

“La Semarnat es preventiva y la Profepa es correctiva y en este caso que no contaban con las autorizaciones tuvo que participar Profepa y la PGR que está haciendo las investigaciones”, finalizó.