Por falta de planes territoriales e hídricos municipios pierden potestades frente a megaproyectos

Por falta de planeación territorial e hídrica es que los municipios de todo el país se ven atados de manos para impedir que un megaproyecto impacte a sus comunidades como la instalación de hidroeléctricas o minería tóxica, ya que por falta de éstos la Federación aprueba los proyectos.

Juan Carlos Oliva Escudero, director de Impacto Ambiental del Gobierno del Estado, puntualizó que en el caso específico de la construcción de una hidroeléctrica en Jalcomulco no hay nada, sólo la autorización del Congreso del Estado para llevar a cabo estudios con el objeto de traer agua a Xalapa y generación de energía eléctrica.

"Propiamente no hay ningún proyecto, el proyecto existirá una vez que se ponga en manos de la SEMARNAT. Qué sería lo más adecuado, que haya una planeación territorial", consideró.



Cuando se da a conocer que llegará un megaproyecto a algún municipio, éstos inmediatamente tienen que activar el procedimiento de consulta pública para que pueda incidir en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental federal, indicó.

Aunque para lograr echar abajo el proyecto en cuestión, llámese hidroeléctrica o minería, los municipios deben contar con un plan territorial y plan hídrico de las cuencas para definir en qué partes son susceptibles de aprovechamiento, conservación, entre otros.

Ello vendría a orientar el desarrollo en cualquier región del país, es decir, que se tenga previamente definido qué se puede y qué no.



Hay que tomar en cuenta que la evaluación de impacto ambiental tiene un aspecto relevante que es la participación pública y la publicación que se tiene que difundir en un medio impreso, un ejemplo fue la controversia constitucional ganada en 2010 por el municipio de Tlapacoyan en contra de la construcción de una hidroeléctrica en un municipio vecino.

Aunque aclaró, todo lo que se diga en una consulta pública no es prescriptivo para la autoridad federal, sólo es un proceso en el que se aceptan opiniones.

Lo que sería realmente definitorio serían las leyes que desde el Congreso del Estado se aprobarán, es decir, que se definiera de una vez qué es lo que no se quiere, por ejemplo minería tóxica, entre otros.



Después de su participación en la Mesa Redonda, "Retos de Gestión y Políticas Públicas Municipales en Materia Ambiental", señaló que en la década de los 80 surgió la Ley de Asentamientos Humanos; sin embargo, 30 años después es que apenas se tiene el ordenamiento ecológico federal mientras que el estatal apenas se está elaborando y ni qué decir de los ordenamientos municipales que son prácticamente nulos.

"Finalmente con ordenamiento territorial o no los municipios tienen que emitir una licencia de construcción o no, pero no puede decir un Alcalde te niego la licencia de construcción porque no quiero, tiene que haber un reglamento que diga por qué si o por qué no se da la autorización, sí tienen todas la facultades los municipios (...) (Pero la mayor potestad para un proyecto de agua) la tiene la Comisión Nacional del Agua", admitió.