Por presunta orden del Gobernador, Delegado de Política Regional frena embargo en Mina

Un embargo en contra de un plantel educativo del municipio de Minatitlán fue frenado por un trabajador de Gobierno del Estado.

Se trata del delegado de Política Regional, Pedro López Ascarro, quien "paró" la diligencia acompañado de elementos de la Policía Naval.

Todo ocurrió en la Escuela Normal “Manuel C. Tello”, del municipio de Minatitlán, donde el servidor público dijo que el embargo no podía hacerse porque así lo ordenaban el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Según la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 16, la escuela tendría que pagar más de un millón de pesos al ciudadano Jesús Manuel Hernández García, por su despido injustificado el 25 de agosto del 2008, luego de negarse a renovar un contrato con un salario menor.

Tal situación, considerada por el agraviado y su abogado como abuso de autoridad por la falta de competencia en el asunto laboral, quedó asentada en el acta de las diligencias del actuario adscrito a la Junta Especial número 14 de Minatitlán, Arturo Alvarado Abad.

“Llegan al inmueble tres personas que no se identificaron, las cuales en modo muy grosero y prepotente, intimidando a los elementos de Seguridad Pública y exigiendo identificaciones a todos y cada uno de los presentes, sólo se dijeron representantes del gobierno, entorpeciendo la diligencia y ocasionando la suspensión. La primera persona dijo llamarse Pedro López Ascarro”, se lee en el documento oficial.



En entrevista, Hernández García recordó que durante 11 años trabajó para la Normal “Manuel C. Tello”, pero luego de su despido injustificado ha sufrido un viacrucis para hacer efectivo el laudo por 650 mil pesos, que ganó tres años después del juicio 1534/VIII/2008/XVIII/XVI y actualmente se duplicó.

Detalló que por el uso de gis para impartir clases en nivel preparatorio y licenciatura perdió las anginas e incluso, diseñó un plan de estudios vigente en el plantel que dirige Patricia del Carmen Reyna Beulo.

Por su parte, su abogado, Fausto Vicente Torres Pérez, confirmó que para llegar a la ejecución de este embargo tramitó en este año un amparo debido a que las autoridades se habían negado a cooperar durante años y la empresa ha dilatado el asunto, que finalmente llegó a una orden de embargar la administración y los ingresos necesarios para cubrir el pago del exdocente.



A consecuencia de lo anterior, la parte agraviada anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos e hizo un llamado al Gobierno de Veracruz para que haya una explicación tras lo ocurrido este miércoles, mientras se da vista al Juez federal competente para continuar con las diligencias.