Por servidores corruptos se tuvo que crear la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Hoy en día, por desgracia, aún hay servidores públicos que no cumplen con la normatividad y no se conducen con ética en el desempeño de sus funciones; de ahí que se tengan que promulgar leyes como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, aseveró que los actos de corrupción que lastiman y retrasan el bienestar de los ciudadanos no debieran existir si el servidor público cumpliera cabalmente con la normatividad que rige su ámbito de actuación y si se condujera éticamente en el desempeño de su función.

En su mensaje de inicio de semana, señaló que sociedad y Gobierno, unidos en un frente común para que los recursos públicos se apliquen a los fines y objetivos a los que están destinados, harán que los niveles de vida de los veracruzanos sean los adecuados y se abatan el rezago social y la pobreza extrema.



“No estaremos satisfechos de nuestra labor hasta que dejemos de ver niños y niñas trabajando, en vez de dedicarse a estudiar y a jugar en sus tiempos libres, y a personas de la tercera edad también laborando, en lugar de disfrutar su retiro y descansar, viviendo de su pensión digna y decorosa que les permita cubrir sus necesidades sin preocupaciones”.

Por ello, resaltó la importancia del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Dijo que el Presidente del Comité de Participación guiará al Comité Coordinador del SEA; por lo tanto, la sociedad civil estará presente en las políticas públicas que se emitan al interior del Comité para contener, erradicar o sancionar actos de corrupción que se presenten en el sector público estatal y municipal, incluso de particulares que participen en dichos actos. Además de ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas.

El Comité Coordinador del SEA funcionará adecuadamente, trabajando cada uno de sus integrantes de manera institucional, en equipo y respetando sus ámbitos de competencia.



El Presidente deberá proponer al Comité Coordinador proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Lo mismo que proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital y de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de Gobierno en materia anticorrupción.

Asimismo, integrar una red anticorrupción para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción; además de llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de articulación ciudadana y académica.



También, establecer indicadores, metodologías, programas y acciones para control de la corrupción, consolidar la fiscalización ciudadana proponiendo reglas y procedimientos para recibir las peticiones, solicitudes y denuncias que la sociedad civil quiera hacer llegar a las instancias correspondientes del Comité Coordinador.

De igual forma, opinará sobre el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador y realizar observaciones y recomendaciones no vinculantes, promoverá la colaboración con instituciones en la materia para evaluar resultados y hacer propuestas de impacto en el ciclo anticorrupción y habrá de prevenir, detectar y combatir hechos de corrupción o faltas administrativas.