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Sección: V?a Correo Electr?nico

Por una reforma universitaria

Manuel Mart?nez Morales 21/05/2012

alcalorpolitico.com

En los últimos años ha surgido en América Latina un pensamiento neoconservador que encuentra acogida y manifestación en una parte significativa de su intelectualidad –señala el profesor Hugo Zemelman en su libro Problemas Antropológicos y Utópicos del Conocimiento-. Esta situación puede describirse como un bloqueo histórico que expresa valores acerca de que se puede o de lo que no se puede hacer, de lo que es posible y lo que no es posible, de lo que puede pensarse y lo que no puede ser pensado; en suma, constituye la asimilación de la lógica económica predominante y su respectiva ideología. Es así como se imponen políticas y modelos funcionales a la lógica del capitalismo, tanto en la esfera económica como en la ideológica y la cultural, sin encontrar una resistencia seria por parte de la comunidad intelectual.

Desde hace más de veinte años se elabora y se pone en práctica un modelo educativo acorde con las necesidades del sistema, que en el caso de la educación superior puede resumirse en el intento de suplantar el derecho a la educación por un servicio mercantil. Esta política se enuncia explícitamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y en las recomendaciones del Banco Mundial a los gobiernos latinoamericanos que las hacen suyas sin chistar. En el caso de México, el nuevo modelo educativo se ha ido implantando paulatinamente y con gran entusiasmo por los regímenes denominados neoliberales (1982-a la fecha), empleando como correa de transmisión a la Secretaría de Educación Pública y a los rectores de las universidades agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La comunidad académica universitaria, con algunas excepciones, ha aceptado esta situación sin hacer cuestionamientos de fondo, sin formular análisis sólidos que se traduzcan en un diagnóstico profundo sobre el presente de la universidad pública y la elaboración de alternativas viables para su transformación y consolidación.

Considerando que las universidades públicas mexicanas se desenvuelven en la nueva realidad de la globalización y que la educación superior no debe supeditarse a las leyes de un mercado abstracto que impone el interés mercantil por encima de los valores humanos, es necesario que se constituyan espacios de expresión y participación en torno a esta problemática. O bien, que se abra la discusión en las instancias académicas colegiadas a las cuales compete esta función, aunque en las condiciones actuales estas instancias, lamentablemente, suelen actuar como correas de transmisión de decisiones tomadas autoritariamente; poniendo en entredicho su función en una universidad autónoma como lo es la Universidad Veracruzana.

También es de suma importancia discutir acerca de la autonomía y las formas de gobierno de las universidades. Es necesario analizar colectivamente las estructuras administrativas, de planeación y operativas de la universidad y su repercusión en la vida académica. Para nadie es un secreto que en las universidades públicas se ha instalado una burocracia político-administrativa que impone sus intereses por encima de las estructuras y funciones académicas, que ha crecido desmesuradamente y en perjuicio de lo académico, que toma decisiones discrecionales sobre la administración de recursos y que gobierna en forma autoritaria. Considero que la universidad debe abrirse al escrutinio público no sólo en lo financiero sino también en lo referente a sus funciones sustantivas, desde luego dentro del marco de la autonomía.

Otra propuesta sería la discusión acerca del nuevo modelo educativo (MEIF) y sus consecuencias en el futuro de las universidades públicas y la elaboración de propuestas alternas. Interesa además integrar y desarrollar espacios de actividad académica abiertos hacia la comunidad promoviendo trabajos de investigación y de difusión de interés social.

Por otra parte, recordemos que la conducción de la institución corresponde, de acuerdo con la legislación vigente, a los cuerpos colegiados, principalmente al Consejo Universitario –máximo órgano representativo y máxima autoridad universitaria-, los Consejos de Área y a las Juntas Académicas –autoridad máxima en cada Facultad e Instituto-. El Consejo Universitario dispone de los instrumentos -o puede dotarse de ellos- para supervisar y sancionar en su caso, las decisiones y acciones del propio Rector y demás autoridades académicas o administrativas. Y también tiene la facultad de cambiar la legislación universitaria si se juzga necesario hacerlo.

De tal manera que, bajo estas consideraciones, me pregunto si la existencia de la Junta de Gobierno no resulta un tanto superflua. Tal parece que su única función se reduce a designar al Rector cada cuatro años, proceso –en mi opinión- totalmente antidemocrático. En cuanto a las otras funciones de la Junta de Gobierno, como la deejercer funciones de contraloría en el ejercicio de los recursos, según me han comentado algunos miembros de la propia Junta, no se les proporciona toda la información requerida por lo que esta función queda, en la práctica, nulificada. Además, como se ha mencionado, el Consejo Universitario en cualquier momento puede exigir una revisión del ejercicio presupuestal aunque, hay que decirlo, hay ciertos candados al respecto.

Considero que lo que hace falta es hacer vigente la autonomía universitaria que nos otorga a los universitarios, en todo momento, la facultad de darnos la forma de gobierno que juzguemos conveniente y, también, decidir libremente sobre las formas y contenidos de los programas y planes educativos así como sobre los contenidos y la orientación de la investigación científica. Lo cual, según la legislación vigente, es atribución de las instancias colegiadas existentes.

Entiendo que, por razones de orden socio-histórico, las clases dominantes consideren a las universidades públicas como puntos estratégicos de control político, puesto que éstas, por la naturaleza de sus propias funciones, son promotoras del pensamiento crítico, enemigo natural de toda forma de dominación y explotación. Por eso mismo la conducción de una universidad requiere de una constante y no siempre fácil, negociación con el poder público no solamente para la consecución de los recursos necesarios para su operación, sino también para sortear la tentación del poder público de imponer modelos educativos instrumentales y productivistas que cercenan el contenido crítico de la educación y la investigación científica. Sin soslayar la función universitaria primordial: formar cuadros profesionales de primer nivel que se integren a la vida productiva nacional.

Consecuentemente, creo que hay que darse a la tarea de realizar un diagnóstico objetivo y puntual que nos permita precisar las debilidades y fortalezas de la Universidad Veracruzana, que sea el punto de partida para proponernos una reforma universitaria con la participación democrática de todos los universitarios y, desde luego, considerando también las voces de la comunidad en que se inscribe nuestro quehacer.

Algunos de los puntos a incluir en la discusión para una posible y deseable reforma universitaria podrían ser, entre otros:

Revisión a fondo de la legislación universitaria.

Realizar un diagnóstico puntual y objetivo del actual modelo educativo, caminando hacia la efectiva libertad de cátedra e investigación, buscando la diversidad en los modelos docentes y de investigación en lugar de la presente homogeneidad.

Análisis y consecuente modificación, de la actual estructura organizativa, particularmente en lo que se refiere a la relación entre academia y administración pues, en los hechos, prevalece la segunda sobre la primera.

Considerar la pertinencia de desaparecer la Junta de Gobierno pues, como he comentado, sus funciones corresponden -o se pueden asignar- a los cuerpos colegiados ya existentes.

Reducir las atribuciones del Rector, por ejemplo en la discrecionalidad con la que puede ajustar el presupuesto y darle a la investidura un mayor peso en cuanto a su liderazgo académico y a su representatividad social.

Hacer efectiva la democratización de los procesos de elección de autoridades académicas, desde directores de facultad hasta el Rector.

En fin, estos son sólo algunos temas que los universitarios, como colectividad debemos discutir en el proceso de encaminarnos hacia una necesaria reforma universitaria.