Pospone la Suprema Corte de Justicia la discusión de la bursatilización en Sonora

A un día de la posible autorización de la bursatilización de las participaciones federales en Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió su discusión sobre la inconstitucional de la bursatilización en Sonora, como esquema financiero para otorgar solvencia económica al gobierno estatal.

Aunque sólo hubo posicionamientos de la discusión del tema que se reiniciará el lunes, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia consideró que la bursatilización, como esquema financiero, es deuda pública.

De acuerdo con el proyecto de resolución del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, la bursatilización como esquema financiero para otorgar solvencia económica es deuda pública, pues compromete recursos a futuro.

Como ponente del recurso de impugnación a la colocación de activos en la Bolsa Mexicana de Valores, el ministro advirtió que la bursatilización es un acto de inconstitucionalidad porque contraviene disposiciones federales.

Al iniciar el desahogo del tema, los ministros hablaron de la posibilidad de sentar presentes para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del esquema bursátil que está vigente en otros estados, pero se acordó no generalizar la discusión para resolver únicamente sobre la impugnación contra la bursatilización de la cartera vencida del Infonavit en Sonora.

Así que el pleno de once ministros resolverá la acción de inconstitucionalidad hasta el lunes próximo; aunque el proyecto de resolución ya dividió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya hubo posicionamientos a favor y en contra de la bursatilización.

“Al recibir liquidez inmediata a cambio de certificados burstátiles que se respaldan con bienes futuros, como pueden ser los impuestos que aún no han sido recaudados, lo que en realidad se está intercambiando es el derecho de cobro de esos impuestos en razón de que aun cuando ya fueron comprados en los bonos por certificados los mismos existirán hasta el momento en que logren ser cobrados por el Estado”, afirmó el ministro presidente de la SCJN al fijar su posicionamiento sobre el tema.