Presentan ante Congreso propuesta para reformar el Instituto de Pensiones de Veracruz

Con el respaldo de todos los diputados del Pleno que asistieron a la sesión de este lunes, se presentó y turnó a comisiones la iniciativa para reformar a la Ley del IPE, que plantea un subsidio obligatorio del Estado y modifica el tiempo en que podrán desempeñar el cargo los integrantes del Consejo Directivo, a fin de que no se ejerzan de manera vitalicia.

No obstante, pese a que fue una petición recurrente, no proyecta la creación de una Fiscalía especializada para la revisión de la deuda que el Gobierno estatal tiene con el Instituto.

Al respecto, la diputada de MORENA, Daniela Griego Ceballos, destacó que esta iniciativa deriva del análisis que por más de un año hizo la Comisión que preside junto con organizaciones de pensionados y líderes sindicales, buscando las estrategias para que el Gobierno del Estado cubra el déficit que las administraciones pasadas generaron al IPE.



Así el Consejo Directivo se integrará con 17 miembros: cinco representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo, uno de los cuales será el Director General del Instituto, un diputado del Congreso del Estado, ocho representantes de los organismos sindicales con representación estatal afiliados al Instituto y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Los miembros del Consejo Directivo que asistan en representación del Gobierno del Estado y el diputado del Congreso del Estado, permanecerán en su cargo lo que duren sus nombramientos. Los representantes de los organismos sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados durarán en sus funciones seis años.

Las representaciones de los organismos sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo tendrán un carácter rotativo y se elegirán con base en su membresía; tomando en cuenta el orden decreciente de afiliados.



Del total de los organismos sindicales que integran el Consejo Directivo, cuatro de ellos serán elegidos entre los sindicatos que tengan una membresía mayor a los mil afiliados y los cuatro restantes se elegirán entre los organismos sindicales que tengan una membresía de entre 500 y 5 mil afiliados.

Cada tres años se renovará a la mitad de los representantes de los organismos sindicales que integran el Consejo Directivo. Del total de las asociaciones de jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo se elegirán aquellas que cuenten con más de 100 afiliados y cumplan con los requisitos de registro que establece el Instituto. Cada tres años se renovará a una de las asociaciones de jubilados y pensionados que integra el Consejo Directivo.

Además, deberán rendir un informe anual sobre el funcionamiento y patrimonio del Instituto que será entregado a las organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados y pensionados. El Consejo Directivo sesionará por lo menos una vez cada 90 días. Las sesiones serán válidas con la asistencia de cuando menos nueve consejeros. Las sesiones del Consejo Directivo serán públicas.



En cuanto al Comité Financiero, se conformará por siete miembros designados por el Consejo Directivo, integrados de la siguiente manera.

El Director del Instituto, quien preside el Comité; un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, un representante del Órgano Interno de Control, dos representantes de los organismos sindicales, a propuesta de la mayoría de los sindicatos con representación estatal y dos expertos en materia financiera. Dichos expertos integraran el Comité hasta por dos años, pudiendo ser ratificados hasta en dos ocasiones.

El Comité de Vigilancia estará integrado por 13 miembros: seis designados por el Ejecutivo estatal, un representante del Instituto, nombrado por el Consejo Directivo; cinco representantes de las organizaciones sindicales y un representante de las asociaciones de jubilados y pensionados. El Consejo Directivo designará de entre los miembros de la Comisión de Vigilancia, a quien debe presidirla.



Los representantes de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados, deberán provenir de organismos diferentes a los que se encuentren representados en el Consejo Directivo. Éstos serán elegidos por el Consejo Directivo de acuerdo con su membresía, tomando en cuenta el orden descendente de afiliados y durarán en su cargo 6 años.

La iniciativa establece que el Gobierno del Estado será garante solidario del déficit de recursos que tenga el Instituto para cubrir sus obligaciones, estableciéndose en el Presupuesto de Egresos de cada año la cantidad necesaria para cubrir el déficit que se presente en ese año.

El presupuesto asignado al Instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el Ejercicio que le precedió, de haberse presentado este supuesto.



El proyecto también propone respetar el esquema legal con el que ingresó cada trabajador en su calidad de derechohabiente. El objetivo es mantener la preeminencia de los derechos de los trabajadores y la permanencia del Instituto.