Presentan iniciativa para dar autonomía presupuestaria a Organismos Autónomos

En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de autonomía presupuestal de los Organismos Autónomos del Estado.

El proyecto fue presentado por el legislador, Gonzalo Guízar Valladares, quien argumentó en su iniciativa que las Leyes, la jurisprudencia y la doctrina, reconocen diferentes tipos de autonomía.

Tal es el caso de la autonomía Técnica; Orgánica o administrativa; Financiera-presupuestaria; Normativa; de Funcionamiento y plena.



Recordó que recientemente se dio autonomía presupuestaria al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, así como a la Universidad Veracruzana.

“Como se advierte, la autonomía presupuestal no es un tema ajeno al orden jurídico veracruzano; sin embargo, aún no se contemplan la totalidad de los Organismos Autónomos del Estado; por lo que, es necesaria su regulación”, señaló el legislador en su exposición.

Al respecto, se refirió al caso del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV); al Tribunal Electoral de Veracruz; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).



También al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI); la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El legislador justificó que el presupuesto que se les asigna es mínimo, pudiendo comprometer sus labores, pudiendo lesionar y vulnerar con ello la autonomía de dichos Organismos.

“Por lo que, para contar con instituciones fuertes y sólidas para enfrentar los futuros desafíos, se requiere de dotarlas de todas las herramientas posibles, siendo una de ellas el tema presupuestal”.



Recordó que las autonomías constitucionales en un sistema democrático funcionan como contrapesos para evitar los excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo; de ahí, la importancia de dotarlos de los elementos mínimos para cumplir con su función.