Presidenta de Poder Judicial puede impedir cambios en Judicatura, determina Juez

En su carácter de patrón, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, tiene la autoridad para impedir cambios en cargos administrativos realizados por el Consejo.

Lo anterior lo determinó un Juez federal, autoridad que desechó los amparos promovidos por los nuevos funcionarios que reclamaron la negativa de la Presidenta a permitirles ocupar los cargos que les asignó dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2020.

Cabe recordar que este asunto generó controversia en medios de comunicación, ya que Martínez Huerta utilizó la fuerza pública para impedir que se diera la entrega-recepción en puestos administrativos de la Judicatura.



En su momento trascendió que Hortencia Guillermina Hernández Fernández fue designada como Secretaria de Acuerdos; por su parte, Griselda Castillo Lara en la Contraloría y Elvis Viveros Arroyo como director de recursos materiales, entre otras modificaciones.

Además de evidenciar fallas en el trámite del amparo, un Juez federal desechó un amparo tramitado por los afectados acusando la negativa de Martínez Huerta a que ocupen sus cargos y su petición de auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para impedirlo.

El Juez determinó que el actuar realizado por la Presidenta fue en su carácter de patrón, según la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que los puestos administrativos están subordinados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.



Se añade que en el artículo 207 se establece que en el Poder Judicial tendrán el carácter de servidores públicos de confianza los titulares de los órganos, los secretarios de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, los secretarios de Sala, los actuarios, los administradores de causa judicial y los auxiliares de Sala.

También los directores generales, los directores de área, subdirectores, jefes de departamento, asesores, cajeros, pagadores, los de seguridad y “todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.

Es decir, la Presidenta hizo uso de sus facultades para impedir la llegada de los funcionarios designados por el Consejo.



"Lo anterior es así porque en el caso no se discute si son correctas o no las acciones desplegadas por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para impedir a la quejosa que realice sus funciones en el cargo que le fue otorgado en sesión extraordinaria celebrada el quince de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad".

“No se trata de un acto de autoridad y sí, en cambio, de uno patronal, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre la servidora pública y el Poder patronal, es decir, constituyen acciones del Estado-Patrón”, señala el resolutivo.

Finalmente, al desechar el amparo, la autoridad jurisdiccional añade que para desarrollar este tipo de reclamos los quejosos deben acudir a los tribunales ordinarios.



Apenas el pasado 31 de julio, se confirmó que Martínez Huerta prorrogó por su cuenta del 3 al 14 de agosto la suspensión de las actividades no esenciales en el Poder Judicial, señalando que actualmente "no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado".