Problema para pagar a empresarios no es político ni legal, es de presupuesto: Finanzas

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dijo que los pagos que exigen proveedores y contratistas, como “Empresas SOS”, por deudas heredadas de administraciones pasadas están sujetos a la capacidad presupuestaria del Gobierno del Estado.

Al respecto, señaló que el área jurídica de la dependencia validará si aceptan la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 155/2020.

El organismo determinó que el Gobierno del Estado violentó el derecho a la seguridad jurídica de algunos empresarios veracruzanos a quienes no se les permitió realizar los trámites para validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, instruyendo a la dependencia a hacerlo.



"Más allá de los adeudos, yo creo que más allá de un tema político, jurídico, es un tema netamente presupuestal; si bien es cierto que estamos haciendo un buen esfuerzo para cumplir con todos los compromisos que nos dejaron, tenemos una restricción presupuestal (…)".

“La intención del Estado es cumplir pero también en la medida de nuestras posibilidades”, subrayó el funcionario estatal.

Añadió que el Gobierno Estatal no está “obligado a lo imposible”, sin embargo, se revisará si los pagos pendientes que reclama dicha organización están sustentados legalmente.



"Si están en lo correcto y legalmente el tema de estas recomendaciones, pues yo creo que no habría ningún problema en aceptarlas. Al final del día son temas que administraciones pasadas a lo mejor no lo hicieron, con dolo no validaron o por cualquier omisión que hubieran hecho (…)".

“Si está el tema legal y nos corresponde hacer algo, lo haremos sin ningún problema; más allá de eso, yo creo que el tema no es legal ni político. No tenemos ningún problema con proveedores que hayan entregado un bien o servicio en tiempo y forma”, reiteró.

Recordó que a la fecha las distintas dependencias continúan validando reclamos de pagos por pendientes generados en Gobiernos anteriores y han desestimado solicitudes por al menos mil millones de pesos porque no se comprobaron las obras o servicios prestados.



“Hay que recordar que por ejemplo en lo que llevamos cerca de mil millones de pesos que no se han validado, que los órganos internos de control no han validado que son servicios que están pidiendo que no se entregaron; bienes que, igual que no hay certeza de que se hayan entregado y otros bienes o servicios que están planteando que no hay contrato, que no hay facturas”.

Añadió que la actual administración encabezada por Cuitláhuac García tiene que cumplir con un proceso jurídico correspondiente para validar los pagos que se solicitan por proveedores y contratistas.

"Hay que validar que se entregó el bien, que se hizo el servicio y al final del día el recurso con el que se va a erogar esos pasivos es de los veracruzanos, entonces debemos tener esa responsabilidad y obligación de validarlo y si bien es cierto, también es un proceso no muy rápido".



“No podemos tomarlo a la ligera y validar nada más por validar. Es una parte y lo otro es que no podemos tomarlo tan fácil o a la ligera con esta idea de cumplir cuando pues es un tema con una connotación netamente legal”, insistió.